ERC y PDeCAT preguntarán a Colau por la venta del Palau Moxó

La venta del Palacio Moxó, uno de los edificios barrocos de Barcelona que ha perdurado en el tiempo y hasta hace poco era el único de la ciudad habitado por la misma familia que lo construyó en el siglo XVIII, genera las primeras reacciones políticas, después de que EL PAÍS publicara su venta tras vaciarlo y trasladar sus muebles a Sevilla. El primero Alfred Bosch, líder municipal de ERC, que tras hacerse eco de la reacción en las redes sociales ha asegurado que “el gobierno de Colau ha de dar explicaciones y tomar medidas”.

En un comunicado, Bosch explica que se trata de “una mala noticia para la ciudad y esperamos que el Ayuntamiento vele por su conservación, sea quien sea el nuevo propietario”. En la nota se lamenta que “un ayuntamiento con 100 millones de euros de superávit tendría que haberse planteado obtener un edificio con este valor patrimonial”. Este lunes, fuentes del ERC anunciaron que preguntarán en las próximas comisiones de Cultura y Urbanismo sobre la venta y lamentaron que se haya “dejado escapar una oportunidad como esta”.

7,3 millones

Lo mismo hará el PDeCAT, según anunció el concejal de este partido Jaume Ciurana. Según el político “no se entiende que se haya hecho un ofrecimiento al Ayuntamiento en dos ocasiones y se haya rechazado sin más, sin entrar en negociación con los dueños”. Pero lo peor para él, tras recordar que el palacio barroco está protegido como BCIL, categoría B, es que “sabiendo que la voluntad de los propietarios era vender no se haya estado atento a los movimientos que se podían hacer y que se permitiera que se vaciara el edificio de su mobiliario”. Ciurana, además, se pregunta “Quién ha tomado la decisión de no comprar y en qué organismo se decidió”, para concluir que “el problema de fondo es que a este gobierno municipal no le interesa el patrimonio de la ciudad”.

Según Inés Moxó, del linaje de los marqueses de San Mori, dueños del Palau Moxó, el edificio fue ofrecido en dos ocasiones, en diciembre de 2015 y en enero de 2017 al Ayuntamiento, para hacer cumplir la ley que permite que ejerza el derecho de preferencia por un bien que está catalogado, tras recibir una oferta de 7,3 millones de euros.