El Gobierno vasco critica que el recurso a la ley de víctimas policiales se basa en “pretextos”

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha criticado este viernes que el recurso presentado por el Ejecutivo central contra la ley de víctimas de abusos policiales "está construido sobre pretextos y excusas y no sobre argumentos jurídicos firmes y solventes". La finalidad de dicho recurso, ha añadido, es "no reconocer a una tipología de víctimas".

Fernández ha comparecido hoy junto a la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, para valorar la decisión del Gobierno central de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley vasca de víctimas policiales aprobada por el Parlamento autonómicoel 28 de julio de 2016 con el apoyo del PNV y el PSE-EE, el voto en contra del PP y de UPyD, y la abstención de EH Bildu. Aunque ha asegurado que aún no disponen del contenido del recurso, Fernández ha anunciado que el Gobierno vasco va a "continuar con paso firme" en el desarrollo de la ley que reconoce y repara a los damnificados por las fuerzas policiales durante el periodo comprendido entre 1978 y 1999.

El Gobierno presidido por Rajoy sostiene en su recurso que la comisión de valoración que estipula la norma vasca, de carácter administrativo y que será la encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial, porque esta es una labor que corresponde a los jueces. También se ha recurrido el reconocimiento del derecho a las prestaciones asistenciales, al considerar el Gobierno que se vulnera la normativa básica en materia de Sistema Nacional de Salud.

Fernández ha indicado que el recurso afecta a cinco de los 21 artículos de la normativa de víctimas policiales, lo que no impedirá que se siga aplicando la parte de la ley que no ha sido suspendida. El Constitucional podría necesitar cinco meses en dictar una resolución sobre la petición de suspensión de la norma, según Fernández, quien ha querido "desvincular" la decisión del Gobierno central de la negociación presupuestaria entre el PP y el PNV sobre las Cuentas del Estado.

El secretario de Paz ha negado que se atribuya a la comisión de valoración, encargada de dictaminar las ayudas y medidas de reparación a las víctimas, competencias que invaden la función de jueces o tribunales, porque sus atribuciones "se sitúan en un marco administrativo y no penal".

"Las víctimas tiene el reconocimiento moral y explícito de las instituciones vascas y seguiremos trabajando para que tengan el reconocimiento legal", ha afirmado el secretario de Paz. El Ejecutivo dirigido por Urkullu considera que tiene a su favor "el apoyo inmensamente mayoritario de la sociedad" a las víctimas que la ley recurrida pretende reconocer, así como el respaldo de "entidades e instituciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos".