Las empresas investigadas en el ‘caso AVE’ alegan que Adif les debe dinero

Las empresas adjudicatarias de la estación del AVE en La Sagrera (Barcelona) están acusadas de cobrar de más por esos trabajos. El desvío a su favor, según la investigación judicial en marcha, supera los 80 millones de euros. Las constructoras, sin embargo, rechazan esa tesis y dan la vuelta al calcetín: no solo no han cobrado de más, sino que Adif —el administrador de infraestructuras ferroviarias— les debe enormes sumas de dinero.

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Cuatro representantes de las adjudicatarias han declarado este martes, como investigados, ante el juez que investiga las irregularidades en La Sagrera, que será (cuando concluyan los trabajos) la segunda gran terminal de la alta velocidad en Barcelona. Tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los directivos y una decena de personas más fueron detenidos en junio de 2016. Según la fiscalía, Adif certificó trabajos que no se ejecutaron, y también otros en los que se emplearon materiales más baratos que los descritos en los documentos oficiales.

Los directivos de las empresas (integradas en UTES) han coincidido en la misma idea: las certificaciones del ente público son “inferiores” a los trabajos que han realizado, por lo que es Adif quien debe dinero. Esa supuesta deuda también es millonaria. Una de las UTE a las que se adjudicaron las obras de La Sagrera ha llevado a los tribunales a Adif, a la que reclama el pago de 15 millones de euros. Los directivos citaron a su favor informes periciales elaborados por auditorías como KPMG.

“Obras muy complejas”

En su comparecencia ante el juez, los investigados se han desmarcado de la elaboración de las certificaciones —los documentos que dan el visto bueno a las obras ejecutadas— y han asegurado que eran responsabilidad exclusiva de Adif. La víspera habían declarado los técnicos de control de las obras. Éstos admitieron que habían alterado los conceptos de algunas certificaciones en función de la marcha del proyecto, pero siempre siguiendo indicaciones de Adif. Las obras de La Sagrera y todas las grandes obras ferroviarias, han subrayado los directivos, son “muy complejas”. Y están sujetas, además, a “cambios de prioridades” marcados por el ente público, lo que puede originar desajustes. Los empresarios —investigados por malversación, tráfico de influencias y falsedad— agregaron que confiaban en que Adif, al final, acabaría “pagando lo correcto”.