Exculpados 13 empresarios del ‘clan de los asfalteros’

La investigación sobre el que fue bautizado como clan de los asfalteros ha quedado en agua de borrajas. Cinco años después de que se iniciaran las pesquisas por irregularidades en la adjudicación de obras en carreteras de la provincia de Girona, la juez ha exculpado a 13 de los 14 empresarios implicados. La causa se sigue ahora únicamente contra Xavier E., un alto directivo de Construcciones Rubau que, según el auto, “mantuvo conversaciones telefónicas” con representantes de otras compañías para presentar ofertas similares y “alterar la libre competencia”. El único condenado por una pieza separada de este caso es un excargo de la empresa pública GISA.

La causa a la que se ha dado carpetazo ahora es la pieza principal del caso GISA. En 2011, la Guardia Civil destapó un supuesto entramado de adjudicaciones irregulares de obras en las carreteras de Girona por parte del ente público GISA, más tarde rebautizado como Infraestructures.cat. Según las investigaciones, un grupo de empresarios de la construcción crearon un cartel para presentar ofertas económicas muy similares y hacerse, así, con los trabajos para asfaltar un tramo de la AP-7.

El sumario del caso reveló las conversaciones telefónicas entre algunos de esos empresarios y cargos de GISA. En concreto, de quien era gerente de carreteras de la empresa pública en Girona, Jordi Vergé. La implicación de este funcionario llevó a la titular del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona a abrir una pieza separada. El pasado mes de febrero, esa causa se saldó con la condena de Vergé y de dos empresarios de Rubau —Josep Rubau y Joan Mozo— por un delito de cohecho.

Vergé aceptó ser condenado a una pena de 16.000 euros de multa por haber percibido 35.000 euros como regalo de la constructora. La sentencia, que al haberse dictado con la conformidad del acusado es firme, no recoge que Vergé recibiera el dinero a cambio de gestión alguna. El excargo sostiene que aceptó la pena porque iba a ser juzgado por un jurado popular y esa circunstancia, en un contexto de descrédito de la clase política, le generaba “incertidumbre”.

Pero Vergé ha visto ahora cómo la pieza principal de GISA queda en casi nada. La Fiscalía pidió el archivo para 13 de los empresarios, que ha sido asumido por la juez porque los indicios recogidos contra ellos “no son suficientes para acreditar” el delito.