La Junta Electoral permite investigar a Gallardón y Botella antes del 26-J
Aguirre forzó una consulta para intentar frenar hasta después de las elecciones generales la comisión municipal que analizará la gestión del PP de 2003 a 2015
La Junta Electoral Central ha dado luz verde al Ayuntamiento de Madrid para iniciar los trabajos de la comisión de investigación que analizará la gestión de los gobiernos municipales de Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (2012-2015), ambos del Partido Popular. A instancias de la actual portavoz municipal de esa formación, Esperanza Aguirre, el Ayuntamiento cursó una consulta para saber si podía ponerse en marcha durante la precampaña y campaña de las elecciones generales del 26 de junio. "Los Ayuntamientos pueden, en el ejercicio de su autonomía municipal, crear las comisiones internas que consideren convenientes, sin que corresponda a la Administración electoral examinar su conformidad a Derecho", responde la Junta.

El Partido Popular ha asegurado que no participará en la comisión, creada a instancias de Ahora Madrid y el Partido Socialista y con el voto favorable también de Ciudadanos. Sin embargo, el PP sí estuvo en su constitución el pasado 4 de mayo y se aseguró cuatro puestos; Ahora Madrid tendrá otros cuatro, el Partido Socialista dos, y Ciudadanos uno.
Aguirre aprovechó ese día además para hacer una interpretación extensiva de la ley electoral con el objetivo de frenar la comisión de investigación. El artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) estipula que “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.
El concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid), replicó entonces: “Tenemos tantos procesos electorales que sería complicado que la comisión no coincidiera con ninguno; si nos atenemos a la ley electoral, en absoluto estaría prohibido [iniciar los trabajos antes de los comicios], pero este gobierno se atendrá a lo que la Junta Electoral pueda decir”.

El escrito de la Junta Electoral, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que está fechado hoy 12 de mayo, señala que "los Ayuntamientos pueden, en el ejercicio de su autonomía municipal, crear las comisiones internas que consideren convenientes, sin que corresponda a la Administración electoral examinar su conformidad a Derecho. Por otra parte, el periodo electoral no interrumpe el funcionamiento ordinario de las instituciones representativas del ámbito local, si bien éstas deberán respetar los límites establecidos por la legislación electoral".
Y añade: "La creación de una comisión de investigación por una corporación local con el objeto de examinar toda la actividad contractual realizada por el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sus empresas públicas durante los tres mandatos anteriores, a juicio de esta Junta, no resulta, en principio, contraria a la prohibición de realizar la campaña de logros o realizaciones de los poderes públicos establecida en el artículo 50.2 de la LOREG".
El escrito concluye recordando al Ayuntamiento que "durante los procesos electorales deberá garantizar el principio de neutralidad política en todas sus actuaciones".
Fondos buitre, M-30, Mercamadrid...
La primera sesión de la comisión se celebrará el 30 de mayo; ese día “se debatirán los bloques de los que constará la comisión”, según explicó el pasado 4 de mayo el concejal de Hacienda, Carlos. Sánchez Mato.
Los portavoces de todos los grupos asistentes “determinarán los contenidos a investigar y el calendario”, añadió la portavoz municipal socialista, Purificación Causapié. En opinión del Partido Socialista, los “temas prioritarios” son “la venta de viviendas sociales a fondos buitre, la contratación con empresas vinculadas a la Operación Púnica, y la gestión de las empresas municipales Mercamadrid y Madrid Calle 30”.
La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, añadió: “Tenemos una deuda gigantesca, desfases presupuestarios en muchas actuaciones y motivos e indicios para querer saber más; a ningún partido debería preocuparles saber más sobre lo que se ha hecho con el dinero de los madrileños”.
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