El juez pide datos bancarios de tres ediles de Barberá en el ‘caso Taula’

El juez del caso Taula, Víctor Gómez, ha solicitado datos bancarios de tres ediles del equipo de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, imputados por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Se trata de Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent, que dejaron de ser concejales tras las últimas elecciones municipales de 2015, y de Alberto Mendoza, que sigue siéndolo. El magistrado también ha solicitado los mismos datos "sobre las cuentas bancarias de las que sea titular o aparezca como autorizado" de una cuarta persona, la esposa de un asesor del Grupo Popular.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga, dentro del caso Taula, la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales que habrían cometido medio centenar de miembros del Grupo Popular. Estos habrían ingresado 1.000 euros en la cuenta del partido y habrían recibido el mismo importe en metálico, de fondos de origen desconocido, de manos de la secretaria general del grupo y también imputada María del Carmen García Fuster.

La fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil basan su acusación, entre otros indicios, en los movimientos de las cuentas bancarias de los acusados. Varias de ellas reflejan ingresos de dinero en metálico de 1.000 euros o de cantidades algo menores en los días en que supuestamente recibieron el dinero negro. Es en ese aspecto en el que busca ahora profundizar el juez.

El instructor ha dictado, por otra parte, el sobreseimiento respecto a uno de los acusados de blanqueo. Se trata de la expareja de una asesora del PP. Ambos eran cotitulares de una cuenta bancaria desde la que se movió dinero de la donación que los investigadores consideran falsa. Ahora, "atendiendo a las razones expresadas en el escrito de solicitud e informe del fiscal, y resultando insuficientes a la vista de lo actuado los indicios de participación en los hechos investigados", el magistrado acuerda el sobreseimiento.

El juez también ha aceptado devolver a García Fuster, la secretaria que supuestamente entregó en mano dos billetes de 500 euros a los partícipes en el blanqueo, parte de la documentación intervenida en el registro de su domicilio “por carecer de todo interés para la causa”.