Dos entrevistas a Rajoy

Rajoy es licenciado en Derecho y registrador de la propiedad. Para llegar a esta categoría profesional de élite, con su generosísima retribución, debió superar unas duras pruebas de conocimientos jurídicos que comienzan con los primeros artículos del Código Civil, donde se regula la nacionalidad. Sin embargo, en una inolvidable entrevista con Carlos Alsina, escenificó la imagen del alumno sorprendido en su ignorancia. Dijo, con la seguridad del ignorante, que si los catalanes se independizan perderán la nacionalidad española. Y cuando Carlos Alsina le puntualizó lo pertinente, terco aún en su error, trató de defender su afirmación con una memorable repregunta: “¿Y la europea?”, como diciendo “esto no me lo negarás”. Creía, o aparentaba creer, que existe realmente una nacionalidad europea, más allá de la simple pertenencia a la Unión Europea en tanto que nacionales de un Estado miembro de la UE.

Debiera saber que a ningún español de origen se le puede privar de su condición de español, ni siquiera si es catalán independentista y pretende borrarse de la nacionalidad española. En ningún caso se le puede convertir en apátrida, porque solo pueden ser privados de la nacionalidad española “los españoles de origen que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero”. Así de claro lo dice el artículo 24.3 del Código Civil. Y así lo proclama la Constitución: “Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.

Rajoy volvió a poner de manifiesto su calidad de jurista de élite con ocasión de la querella admitida a trámite contra el PP, en el asunto del borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. La fechoría del borrado significaba una destrucción de pruebas de elevada relevancia judicial, perpetrada en el centro neurálgico del PP. Era lo contrario a la obligada colaboración con la justicia, tan insistentemente proclamada por Rajoy. Por eso el PP fue imputado. Preguntado por esta imputación en una entrevista con Ana Rosa Quintana, el presidente del Gobierno dijo: “No sé si el partido está imputado… no conozco cómo está este asunto. En el auto no lo pone. No sé, porque no he visto el auto y no se lo puedo decir exactamente”. O sea: que no había visto el auto judicial y por eso no conocía cómo está el asunto, pero afirmaba que sí conoce que en el auto no pone que el PP está imputado, y dudaba que lo esté. Impertérrito, ignoraba, sabía y dudaba, todo a la vez.

Sin embargo, debiera saber que una recientísima ley, promovida y firmada por él, regula la inculpación a los partidos políticos, en calidad de investigados, que es como se denomina ahora a los que antes se llamaba imputados. Si el juez ha admitido a trámite la querella contra el PP y le ha citado a declarar como investigado, el partido del que forma parte y preside Rajoy adquiere la categoría de organización delictiva, presunta. Sobre esto no caben dudas. Lo sabe el más bisoño de los abogados. Cuando el PP se vio obligado a comparecer como acusado ante el juez, su representante, en nombre del partido, se acogió a su derecho a no declarar. Esto es lo que hacen, con frecuencia, los más curtidos delincuentes, los habituales, los profesionales, para evitar que de su declaración se obtengan datos que les inculpen. Justo lo contrario a la colaboración con la justicia que cabría esperar de quien desea que resplandezca su inocencia. Estamos, evidentemente, ante una redoblada obstrucción a la justicia.

Parece haber un hilo conductor entre la memorable y bochornosa repregunta a Carlos Alsina (“¿y la europea?”), y la impávida asunción de su condición de presidente de una organización presuntamente delictiva, escenificada ante Ana Rosa Quintana. Hay quienes creen que estas actitudes de Rajoy no son las del jurista inexperto o desafortunado, sino las del político desahogado, indiferente ante la evidencia de sus dislates jurídicos. Sospechan que, en el caso de los catalanes, solo pretendía meterles miedo blandiendo la apatridia, aunque él sabía que es jurídicamente imposible. También sospechan que en el caso de la redoblada obstrucción a la justicia él supo, y probablemente decidió, su repetida actitud obstructiva. Es sabido que no era la primera ni la última vez que practicaron semejante estrategia procesal de leguleyos.

Otros, más malévolos, prefieren pensar que todas esas sospechas son injustas porque, simplemente, Rajoy no es más que lo que parece en la tele.

José María Mena fue fiscal jefe del TSJC.