Colau investiga facturas del IMI sin justificar por valor de 1,4 millones

Para iniciar la investigación, la alcaldesa ha firmado un decreto por el que encarga a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento --una suerte de oficina de asuntos internos, cuyo responsable es Joan Llinares--, que analice los procedimientos de gestión financiera empleados por la empresa municipal de informática en los dos últimos ejercicios. Además, el Gobierno municipal ha nombrado dos responsables de intervención y servicios jurídicos que actuarán como instructores del expediente, ha explicado Pisarello.

El teniente de alcalde ha subrayado que la auditoría que emprende el gobierno en el IMI es la segunda que realizan en un organismo municipal, tras la de Barcelona Regional. "Ambas remiten a la tercera tenencia de alcaldía del anterior Gobierno. Esperamos que se puedan esclarecer los hechos, que haya transparencia y se llegue al final", ha manifestado Pisarello antes de destacar la dirección política de ambas empresas recayó "en una misma persona, que es Antoni Vives".

"Aparecen indicios de algunas prácticas como el uso abusivo de la contratación directa, ahora no podemos dar más detalles pero hay que estudiar si hay un patrón común de actuación", ha zanjado sobre una actuación de la que el consistorio ha informado a través de un comunicado.

Técnicamente, el expediente abierto analizará "el cumplimiento de la legalidad en la contratación de personal y de servicios según la ley de Contratos del Sector Público, así como con respecto al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común", ha informado el consistorio.

Esta voluntad de revisión arranca a partir de un informe de los servicios técnicos del IMI que constató la existencia de una serie de facturas pendientes de pago emitidas por diferentes proveedores al instituto por valor de 1,4 millones de euros, por importes no reconocidos en el ejercicio que les correspondían, indica el comunicado.

Una primera auditoría realizada por los servicios municipales apunta "una alta proporción de contratación directa y negociada sin publicidad, sin considerar la oferta del mercado y con riesgo de fraccionamiento contractual, al tiempo que marca también posibles irregularidades en la contratación de personal externo".