El Consell revisará los contratos con investigaciones judiciales abiertas
La Intervención de la Generalitat revisará los gastos de Vaersa, las liquidaciones de los conciertos sanitarios, el contrato de resonancias magnéticas y las facturas pendientes

El Gobierno valenciano ha acordado hoy la ejecución de controles específicos de carácter financiero durante el año 2016 a órganos de la Administración de la Generalitat y su sector público que tengan investigaciones judiciales abiertas o estén "bajo sospecha fundada de desvíos o irregularidades".
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mònica Oltra, ha justificado la decisión porque se trata de "temas muy sensibles" que requieren que "no haya ninguna duda (en la gestión realizada), y si la hay, trasladarla a la jurisdicción (pertinente)".
Los controles, que correrán a cargo de la Intervención de la Generalitat, se realizarán sobre los gastos en compras y servicios exteriores realizados por la empresa pública Vaersa en el periodo comprendido entre 2006 y junio de 2015, "centrados en los procedimientos empleados en la gestión económico-financiera de la empresa".
También se fiscalizarán las liquidaciones anuales con los concesionarios de las áreas de salud cuya gestión está privatizada entre los ejercicios 2003 a 2012 y la facturación de la concesionaria encargada del servicio de resonancias magnéticas. En este caso se verificará que los procedimientos de facturación empleados responden a lo previsto en la normativa aplicable y en los pliegos del contrato, así como que los controles existentes son suficientes y eficaces.
El plan de controles financieros se completa con el seguimiento de las recomendaciones ya realizadas en los informes de control financiero específico de los centros públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat (de 2012 a 2014) y de los conciertos educativos con centros docentes privados concertados, en materia de subvenciones para financiar personal docente de pago delegado y ayudas de comedor (correspondiente a los años 2013 y 2014).
Los controles han sido elegidos a propuesta de las distintas consejerías. Oltra ha admitido que se han elegido aquellas cuestiones en las que "hay investigaciones judiciales abiertas o, previamente, ya había sospecha fundada de desvío o de posibles irregularidades en estos servicios exteriores".
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