La juez del ‘caso Blasco’ abre dos nuevas vías de investigación

La investigación del caso Blasco sigue deparando sorpresas. La primera pieza separada de la causa terminó con el exconsejero Rafael Blasco en la cárcel de Picassent por malversar fondos destinados a la cooperación al desarrollo en dos proyectos en Nicaragua. Ahora, la investigación judicial revela la presunta colonización de ámbitos de la sociedad civil por parte del exdirigente del PP utilizando para ello fondos y recursos públicos. Y la conexión de ese proceso con otros supuestos fraudes en subvenciones de ayuda al Tercer Mundo.

Las declaraciones de varios testigos que han pasado por el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia revelan que Blasco utilizó supuestamente dos fundaciones privadas, Fundar y Fedacod, para tramitar proyectos de cooperación presuntamente fraudulentos. Y para realizar una campaña de desprestigio contra los partidos y medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, que denunciaron prácticas corruptas en su departamento.

Fundar, siglas de la Fundación para la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana, fue creada en 2001 por Blasco mediante un acuerdo con Bancaja. La investigación judicial ha desvelado ahora que trabajadores de esta fundación privada tramitaron decenas de proyectos de cooperación que la Fiscalía Anticorrupción considera amañados. La participación de los trabajadores de la fundación privada es irregular porque los encargados de estas tramitaciones no eran empleados de la Generalitat y desconocían la normativa administrativa, según han mantenido varios testimonios.

Fundar fue una especie de feudo del exconsejero. A pesar de ser privada, la fundación recibió anualmente aportaciones millonarias por parte de la Generalitat. Y su plantilla fue aumentando con personas afines al entonces consejero. En 2007, poco después de que Blasco llegara a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Comisiones Obreras llevó a los tribunales una "persecución ideológica" en Fundar concretada en el despido de las personas que habían participado en las primeras elecciones sindicales en la entidad. Una demanda que el sindicato ganó.

Este periódico publicó en 2007 que seis personas pagadas por Fundar trabajaban en realidad en la consejería de Blasco como periodistas y asesores. Los testimonios en el juzgado de Instrucción número 21 indican ahora, además, que se encargaron de tramitar expedientes de proyectos de cooperación presuntamente fraudulentos.

La intervención de personal externo para hacer un trabajo administrativo apartaba de la materia a los funcionarios. El testimonio de varios de estos, que se enfrentaron a Blasco en 2008, fue clave para que el exconsejero y otros cinco cargos de Solidaridad y Ciudadanía fueran condenados en la primera pieza separada del caso.

Apoyo a Blasco

La segunda fundación privada que según los testigos fue utilizada en aquella etapa por el exconsejero fue la Federación de Asociaciones para el Codesarrollo (Fedacod). Esta organización surgió en 2010 con la voluntad de agrupar a ONG. Y se presentó como independiente de lo que denominó "multinacionales de la cooperación" en referencia a las grandes Organizaciones No Gubernamentales de trayectoria contrastada, englobadas en la Coordinadora de ONG que ya existía, la CVONGD.

En realidad, según los testimonios recabados por la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, fue un empleado de la Consejería de Blasco el que llevó al registro los estatutos de Fedacod posibilitando así su creación. El testigo aseguró que recordaba haberlo hecho por indicación del propio Blasco o de su jefe de gabinete y también condenado en la primera pieza del caso, Xavier Llopis.

Fedacod se distinguió en la defensa de Blasco cuando salieron a la luz las irregularidades cometidas por su departamento. Y más en concreto, cuando socialistas y Compromís llevaron a la fiscalía las pruebas del amaño de los proyectos de Nicaragua que han dado con el exconsejero en la cárcel en una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo.

En plena polémica por estos hechos, Fedacod organizó un gran acto contra "los ataques recurrentes, injustificados y arbitrarios de ciertos medios de comunicación y partidos políticos que han cuestionado el buen hacer" de la consejería y de las ONG implicadas presuntamente en los amaños. El acto, que respondía a informaciones publicadas entre medios otros por EL PAÍS, fue bautizado como Una imagen vale más que mil mentiras.