La juez del ‘caso Pokémon’ registra de nuevo la Diputación de Lugo

Agentes de la policía judicial especializados en delitos fiscales se ha presentado esta mañana en la Diputación de Lugo acompañados por secretaria del juzgado de instrucción número uno de Lugo con una orden de la magistrada Pilar de Lara, que instruye la macrocausa Pokémon contra la corrupción política además de otros sonados casos como el Cóndor, sobre blanqueo, o el Carioca, sobre prostitución. Fuentes próximas a la nueva investigación aseguran que, de momento, los agentes, que entraron en el edificio a las 11.52 horas, han exigido a responsables de la institución que hasta hace una semana estaba en manos del PSOE y ahora gobierna el PP toda la contabilidad de la última década, probablemente desde el año 2003. Han advertido al personal de que, de no hacer entrega de todos los papeles reclamados, iniciarán un exhaustivo registro de los archivos y ordenadores para recabar la información que buscar y que, de momento, no ha trascendido. En estos momentos, los investigadores retiran expedientes del edificio.

La Diputación de Lugo ha sido registrada varias veces en los últimos años. La juez De Lara dirigió recientemente otra entrada en la institución provincial, hasta ahora gobernada por el líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, pendiente de una designación como senador que ha sido bloqueada por el PP autonómico. Ante la ausencia de la nueva presidenta del ente, Elena Candia (PP), los investigadores fueron atendidos por el vicepresidente y ex alcalde del municipio de Sarria, José Antonio García.

Según otras fuentes, estas de la propia Diputación, se han requerido contratos laborales y de paso que ha devuelto documentación del operativo anterior, el conocido como caso Pulpo, que corría a cargo de Hortensia Bouso, anterior juez de refuerzo de Pilar de Lara en el juzgado 1 de Instruccion de Lugo. Aunque era esa juez quien teóricamente dirigía la operación, De Lara tuvo que tomar las riendas durante aquella jornada en la que se llevó a cabo el registro. La magistrada se presentó a primera hora en la sede del Gobierno provincial y estuvo buena parte del día acompañando a los agentes. Entonces se investigaban los pormenores de la contratación de un programa de transporte en la provincia llamado Kilómetro 0, que depende de la Diputación.