Fabra cree que la asesora de Barberá implicada en el ‘caso Imelsa’ debe irse

La exconcejal María José Alcón ha renunciado a ir en la lista municipal pero no a su puesto en el Ayuntamiento de Valencia

El País

Valencia - 14 may 2015 - 10:30CEST

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El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha afirmado hoy que la exconcejal popular María José Alcón, suspendida de militancia por unas grabaciones que la implicarían en un presunto caso de corrupción, debería dejar hoy mismo de ser asesora de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El también presidente de la Generalitat y candidato del PP a la reelección ha indicado en una entrevista con la Cadena SER que Alcón, que la semana pasada renunció a ir en el puesto 16 de la candidatura del PP al ayuntamiento de Valencia, "no tiene cabida en ningún cargo público o de partido".

María José Alcón aparece en algunas grabaciones realizadas por el exgerente de Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia) Marcos Benavent, que son objeto de una investigación por un juzgado de Valencia, en las que se interesa por un dinero procedente de una presunta comisión (pregunta si le han "traído algo los Reyes Magos").

Ante el hecho de que Alcón siga siendo asesora de Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, Fabra ha reiterado su posición de "ser implacable e inflexible" ante los casos de corrupción y ha abogado por un cambio legislativo para que este tipo de comportamientos "sean más difíciles de realizar dentro de la política".

Por otra parte, sobre una hipotética sanción de la Unión Europea a España por falsificar el déficit de la Comunidad Valenciana en las últimas legislaturas, Fabra ha señalado que se trata de "una práctica que se ha llevado por inercia durante mucho tiempo" y que estaba "autorizada y validada" por la Intervención General del Estado. La sanción propuesta por la UE es porque la Generalitat no contabilizó en ninguna cuenta cerca de 1.800 millones de euros gastados mayoritariamente en Sanidad sin cobertura presupuestaria.

"Es un problema del Reino de España por una práctica que era habitual y se actualizaba cada tres años. No tenía justificación, pero era una práctica habitual, autorizada y consentida" por el Gobierno, ha sostenido el presidente.

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