Algunas facturas superiores a la obra realizada comprometen a Prieto

El parlamentario socialista Txarli Prieto se arriesga a un posible delito de estafa o apropiación indebida, tipificados con una pena entre uno y cinco años, en el supuesto de que se compruebe que algunas de las facturas que el PSE-EE alavés pagó a su empresa Escoiba superan el valor de la obra realizada. La previsible apertura de diligencias decidida ayer por parte del fiscal del País Vasco, Juan Calparsoro, abre ahora un proceso de investigación de hasta seis meses de plazo legal máximo, aunque el caso podría quedar sustanciado en un mes y así evitar la coincidencia con las elecciones locales y forales del 24 de mayo.

La abundante documentación cursada inicialmente al fiscal de Álava, Josu Izaguirre, por un remitente anónimo — a quien sectores socialistas identifican como Virgilio Bermejo— proporciona, no obstante, “cierta base” sobre la “consistencia” de la denuncia, según medios judiciales. “Es una documentación muy amplia con todo tipo de facturas, pagos...”, admitieron ayer estas fuentes. La condición de aforado de Prieto obligó a Izaguirre a elevar la denuncia, tras su estudio preceptivo.

Precisamente esta disponibilidad de pruebas consolida la hipótesis de quienes dentro del PSE-EE señalan como presunto remitente a Bermejo, acostumbrado a disponer de copiosa documentación durante su estancia en los órganos internos de la territorial alavesa. Este asesor municipal del equipo de Patxi Lazcoz fue incluido en la lista presentada por la entonces candidata socialista a alcalde de Vitoria, Maite Berrocal, y que finalmente no prosperó. Precisamente el exalcalde socialista de Vitoria Patxi Lazcoz se ha puesto a disposición de la Fiscalía, después de que su nombre apareciera vinculado a la denuncia anónima presentada contra Prieto.

La Ejecutiva del PSE-EE alavés va a poner a disposición de Calparsoro “toda la documentación” sobre los trabajos realizados en varias de sus sedes en 2010 y 2011 por la empresa que Prieto compartía con su hermano. Ayer ya adelantó que se trataba de contratos “demostrables”, terminología también empleada horas antes por Prieto en sus primeras valoraciones tras destaparse el caso.

Una posible estafa o apropiación de bienes supondría 1 a 5 años de cárcel

El parlamentario vasco mantiene desde el primer momento el mismo espíritu de colaboración, pero el fiscal vasco entiende que no es suficiente estas aportaciones. Así, va a requerir documentos originales de las ayudas concedidas por el Ministerio del Interior del entonces Gobierno Zapatero al igual que las facturas y comprobantes de obra.

El denunciante, conocedor de la trama seguida en la adjudicación y pago de los trabajos acometidos por Escoiba, hace hincapié en su informe al fiscal de que existen “trabajos no hechos” y “facturas infladas”. La Fiscalía se dispone ahora a comprobar cada uno de los servicios acometidos por la empresa de Prieto en una situación insólita habida cuenta de que en su condición de secretario general encomendó trabajos para su propia empresa con una reconocida intencionalidad ya que “en su misma figura coincidían la condición de contratante y contratado”. A su vez, en el entorno de esta jurisdicción se admite que “no será difícil”, reconocen . Incluso, Calparsoro cotejará el grado de cumplimiento de las ayudas que Interior vino concediendo durante los años de plena ofensiva de ETA.

Consciente de la envergadura de esta denuncia, el fiscal sabe también el momento político en el que se produce con las elecciones locales en mayo y de ahí su inicial voluntad de tomar una decisión sobre este caso en el plazo aproximado de un mes. Durante este período, Calparsoro llamará a declarar lógicamente a Prieto a partir del estudio de la información que recopile.

En el supuesto de que finalmente se aprecie la comisión de algún tipo de delito, la denuncia sería remitida al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.