Trabajo exige ocho millones por los cursos de formación en Delphi

La Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social ha comenzado ya a reclamar a todas las empresas que formaron a los ex trabajadores de Delphi en Puerto Real (Cádiz) que devuelvan casi 8 millones por fondos cotizados a la Seguridad Social por simulaciones de contratos. Según esta resolución, las compañías dieron de alta a estas personas como si fueran trabajadores cuando, en realidad, eran alumnos en formación. Así lo confirmó este viernes el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, que defendió esta medida para tratar de no repercutir el coste de esta irregularidad en los trabajadores.

Después del cierre de la fábrica en 2007, en plena campaña electoral a las andaluzas, el entonces presidente de la Junta y candidato del PSOE, Manuel Chaves, se comprometió con los trabajadores a crear un dispositivo especial para que siguieran cobrando sus salarios mientras se formaban para facilitar su reincorporación a otras empresas. Sin embarco, la Seguridad Social censuró el método empleado para contratar a estos más de 1.800 operarios, al detectar que el colectivo cotizó durante sus años de formación como si fueran auténticos trabajadores, cuando en realidad eran alumnos en formación.

Las empresas que suscribieron estos contratos fueron Alestis, Fuexa, Forja XXI, Sagrada Familia, AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, algunas bajo la investigación de la juez Mercedes Alaya por las irregularidades detectadas en los cursos de formación. El informe, conocido el pasado año, proponía sanciones de 7.976.276 euros y dejaba en el aire la posibilidad de reclamarle a los trabajadores todo el dinero cobrado posteriormente por prestaciones de desempleo por un tiempo trabajado indebidamente.

Los sindicatos habían puesto el grito en el cielo tras conocer la investigación abierta por la Seguridad Social sobre si los extrabajadores debían devolver algunas de las ayudas recibidas desde que se terminaron los cursos de formación. Recordaban que parte del colectivo, unos 600, no ha conseguido empleo en estos ocho años, todos han agotado sus prestaciones y algunos están desde hace meses en una delicadísima situación económica, que les obliga a vivir de una red solidaria montada por el colectivo.