Dos empresarios niegan un soborno de 174.000 euros a Díaz Alperi

Dos empresarios cercanos al constructor Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal y Gürtel, negaron ayer haber sacado 174.000 euros de un cajero para entregárselos al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, como pago a supuestos favores que el regidor habría dispensado al constructor durante la elaboración del plan general urbano de la ciudad.

Pablo Rico y Santiago Bernáldez comparecieron ayer como imputados ante el juez Manrique Tejada, que investiga el presunto amaño urbanístico en el diseño del plan director de la ciudad. A diferencia de ellos, Virgilio Ortiz, hermano del constructor y también imputado, se negó a declarar.

Los empresarios confirmaron haber extraído los 174.000 euros, pero para destinarlos a la unión temporal de empresas (UTE) que construía el Hospital Vinalopó (Elche), participada por Ortiz.

La policía, en su informe, concluyó que ambos extrajeron el dinero para que Díaz Alperi pagara las hipotecas de unos bungalós del constructor en el que vivían las hijas del exalcalde.

Las hijas de Alperi

En la versión policial, Bernáldez sacó el dinero de una cuenta de la UTE y la ingresó en otra de la empresa de extintores de Rico (Asegur Ingeniería del Fuego) por un supuesto servicio. Aunque, en realidad, a continuación se volvió a extraer la suma para sufragar la hipoteca de una de las hijas de Díaz Alperi.

Según Rico, el dinero sirvió para equipar con extintores el hospital y para pagar certificaciones de obra. Bernáldez señaló que los pagos se explican en los costes a la hora de construir el complejo sanitario. En el caso de este último, se ha reproducido una de las escuchas telefónicas de la policía en la que, en un modo críptico, Ortiz y él hablan de hacer una entrega. Según fuentes jurídicas, Bernáldez, apoderado de Ortiz en una de sus empresas, dijo no recordar el contenido.

Tanto Díaz Alperi como su sucesora en el cargo, la exalcaldesa Sonia Castedo, del PP, figuran como imputados en esta causa del Brugal por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Además, Castedo y Ortiz también están imputados en otra de las piezas separadas del Brugal, la relativa al plan urbanístico de Rabasa.