UGT defiende una subida salarial del 1,5% como “motor de la recuperación”

El sindicato UGT defenderá este año como principal argumento en la negociación colectiva la subida de los salarios en un 1,5% al ver en la mejora de las retribuciones de los trabajadores "un motor de la recuperación económica" y una salida de la crisis "socialmente justa". El responsable de Acción Sindical confederal de UGT, Toni Ferrer, y el secretario general del sindicato en Euskadi, Raúl Arza, han compartido este análisis en Bilbao, con motivo de unas jornadas sobre negociación colectiva que la central vasca celebra con delegados sindicales en la capital vizcaína, informa Efe.

Ferrer ha señalado que se está dando una recuperación económica "débil", "frágil" y "claramente injusta" y ha apostado por que en 2015, 2016 y 2017 los salarios se conviertan en "motor de la recuperación". Ha advertido de que en caso contrario se daría una situación "económicamente ineficiente" ya que por la parte del empleo no se va a dar "el estímulo de la demanda" debido a que el empleo que se crea es "insuficiente" y de "mala calidad".

Además, ha considerado que las empresas disponen de "margen" para ser competitivas tras años de caída de costes laborales. El sindicato defiende, por ello, incrementar salarios en un 1,5% en 2015 y que en 2016 y 2017 la pauta salarial se establezca en los ámbitos sectoriales y las empresas.

Ferrer ha considerado "inasumible" el alza salarial del 0,6% planteado por la CEOE y ha explicado que sindicatos y patronal tienen ultimado el tercer Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), a falta de acordar unos criterios salariales. El sindicalista ha indicado que la patronal debe hacer una propuesta alternativa a dicho planteamiento en la reunión que previsiblemente mantengan mañana las partes -el mismo día en el que se cumplen tres años de la reforma laboral-.

De no llegar a un acuerdo, UGT se volcará en sacar adelante la negociación colectiva y en organizar a los trabajadores para lograr empleo de calidad, en un contexto en que "caben las movilizaciones", ha avisado.

Ferrer, por otra parte, se ha referido a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que la vigencia de los convenios colectivos (la ultraactividad), que la reforma laboral limitaba a un año, debe ser alargada prácticamente de manera indefinida.

El dirigente sindical ha indicado que la sentencia da "un varapalo judicial" a la última reforma laboral, que "tiene que ser derogada" por éste o el próximo Gobierno, pero "abre una vía indeseable" para unas relaciones laborales democráticas como es "la vía de la individualización al incorporar los derechos al contrato de las personas". Ha advertido, por ello, del riesgo de que se produzca "una nueva dualidad" entre "antiguos trabajadores" y "los nuevos contratados" después del convenio.

En su análisis, ha señalado que la acción sindical ha propiciado que no haya disminuido la cobertura de la negociación colectiva en España, pese a la limitación de la ultraactividad de los convenios establecida en la reforma laboral, y ha calificado de "singular" la situación en Euskadi, donde más de 92.000 trabajadores han perdido su convenio.

Según Raúl Arza, dos de cada tres trabajadores vascos con el convenio decaído son de Gipuzkoa (casi 70.000), lo que, a su juicio, "tiene que ver con las mayorías sindicales" en este territorio, en alusión a los sindicatos nacionalistas.

El secretario general de UGT de Euskadi ha vuelto a defender la negociación colectiva sectorial al considerar que primar la negociación empresa por empresa "no es una solución" para el conjunto de trabajadores vascos -casi 300.000 están afectados por convenios cuya vigencia ha concluido-. Según sus datos, en 2014 sólo se han negociado en Euskadi 218 convenios de empresa -cerca de un 1 % más que el año anterior-, que han afectado a 25.000 trabajadores.

Arza también ha advertido de que cada vez hay más trabajadores vascos regulados por convenios de ámbito estatal -unos 180.000 actualmente-. El dirigente sindical ha avisado también de que cada vez hay más ciudadanos "pobres" teniendo un empleo. Más de 12.000 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), según ha indicado, compatibilizan esta ayuda con un trabajo.