La CE admite la denuncia de EU contra el plan de El Cabanyal

Europa se pronunciará sobre la legalidad del nuevo plan urbanístico del Cabanyal. La Comisión Europea investigará la denuncia de EU contra el nuevo PEPRI porque carece de evaluación ambiental estratégica, confirmó el concejal de Valencia Amadeu Sanchis. “Llevamos tiempo batallando para evidenciar no solo que el planeamiento anterior está anulado sino que la modificación que aprobó el PP tampoco es legal”, argumentó el concejal, que compareció acompañado del abogado José Luis Ramos.

La nueva ordenación mantiene el ancho de la prolongación de la avenida en 48 metros —la que se abrió a principios del siglo pasado tiene 100—, si bien reduce la franja de afección. La altura de los edificios se reduce en la zona protegida como BIC —en el resto continúa igual que en el plan original— de cinco a tres, con lo que se reduce la edificabilidad. El plan es costoso. Si en 2001 eran necesarios 159 millones de euros en inversiones, pasados 13 años las inversiones necesarias se elevan a más de 400 millones

“Ahora debemos esperar a que la Comisión investigue si dicha modificación respeta la ley o no”, añadió Sanchis. Según el edil, la ley en vigor obliga a realizar la evaluación. La Consejería de Infraestructuras de la Generalitat no lo vio necesario porque el plan es en suelo urbano y la ley no lo ve obligatorio. “Aunque es cierto que, por norma general, no lo necesita; también es cierto que se tienen que valorar los distintos casos teniendo en cuenta la superficie afectada y que toca un casco histórico”, añadió Ramos. EU ha sostenido desde el principio que el nuevo planeamiento no se sostiene ni política ni económicamente.

La Comisión Europa emplazará ahora al Gobierno español —que tampoco se ha pronunciado sobre el PEPRI— para que dé una explicación a la falta de evaluación y éste tendrá que dirigirse a la Generalitat, que fue quien validó el plan sin el informe medioambiental. EU denunció la cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, recordó que fue la Generalitat la que acordó no someter a evaluación ambiental la adaptación “por considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente".