Costes fijos o variables

Los europeos hemos de fijarnos como objetivo político fundamental mantener nuestro Estado del Bienestar, es decir, una serie de servicios básicos de los que nadie quede excluido por falta de recursos. Pero hay que tener en cuenta que, en un contexto de globalización, no se puede garantizar que nuestras economías sigan generando los excedentes que hemos visto durante las pasadas décadas. Ello nos obliga a replantear el contenido y los mecanismos de financiación de los servicios, y a reformar el sistema fiscal. Es necesario analizar y redefinir conceptos como “servicio básico”, “servicio universal”, “gratuidad”, “pago por uso”, o “coste del servicio”. No haber hecho esto, es lo que nos ha conducido a gestiones económicamente complicadas desde el sector público (recortes) y socialmente muy injustas (la pobreza energética). Paradójicamente, la falta de alimentos la está resolviendo sobre todo el sector privado…!

Aunque sea de una forma muy breve — la que permite un artículo — quisiera exponer tres principios a partir de los que sería posible compaginar eficiencia y equidad. 1. Hay que distinguir entre “servicios básicos gratuitos” (la educación, la seguridad…) y “servicios universales no gratuitos” (agua, electricidad, movilidad, transporte, comunicaciones…). Los dos principios siguientes se refieren solo a estos últimos, (entre los que seguramente entrarían también una parte de la sanidad y de la educación superior…). 2. En relación a los gastos deberíamos hacer una distinción entre los costes fijos y los variables. En lo posible los primeros deberían ser soportados por los presupuestos públicos y los segundos por los usuarios. Dicho en términos muy simplificados: que los costes fijos se repartan en función de la riqueza y la renta, y los costes variables en función de la utilización. 3. Estas regulaciones deberían ir acompañadas de una reforma que devolviera la progresividad al sistema fiscal, para hacerlo realmente redistributivo.

Desarrollar este esquema es complejo y se debe adaptar a la naturaleza de cada servicio, ya que en cada caso la evolución de las condiciones técnicas y económicas son diferentes. Por ello me limito aquí a poner algunos ejemplos que me parece que pueden aclarar los principios.

Movilidad y transporte. En este sector creo que las cosas se hacen ya de forma más cercana a lo que estoy proponiendo. El papel del sector público consiste siempre en financiar las infraestructuras necesarias para esta movilidad: carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos... En muchos casos gestiona también el transporte, financiando infraestructuras móviles (autobuses, trenes) y prestando el servicio, pero no gratuitamente. No creo que se haya calculado así, pero el usuario actualmente paga sobre todo una parte importante de los gastos variables.

Comunicaciones. En mi etapa de trabajo en la Comisión Europea, insistí (sin conseguirlo) en que al liberalizar los servicios de telefonía y de Internet, se mantuviera la propiedad y la gestión de una única red pública, sobre la que todos los operadores pudieran ofrecer sus servicios. Esta actitud obedecía a mi convencimiento de que así se evitaría la duplicidad de redes, se mejoraría la competencia y las tarifas bajarían más, ya que una parte importante de la misma era la amortización de la red, cosa que desaparecería si las tarifas de uso solo contemplaran los costes variables que se ha demostrado que cada vez son más bajos. Creo que no se aprovechó la oportunidad, por la presión de los grandes operadores nacionales que querían preservar su negocio gestionando también la red.

Pobreza energética. La electricidad no puede ser gratuita, pero debe ser de acceso universal. Lo que genera los problemas actuales (pobreza para algunos y déficit para todos) es la estructura de la tarifa, ya que el coste variable de generar la energía es una parte pequeña y la mayor son los costes de amortización de las instalaciones de generación o de distribución, además de otros fijos. Se produce la paradoja de que cuanto más reduce su consumo un usuario, más le aumentan proporcionalmente el precio fijo (término de potencia y peajes). Cuanta más importancia van adquiriendo las energías renovables más se van reduciendo los costes variables (el sol, el viento y el agua de los ríos es gratuita), y en cambio la tarifa va aumentando… Solo si una parte importante de los costes fijos sale fuera de la tarifa se podrán solucionar estos problemas.

Termino con algunas conclusiones de tipo general: Hay que dejar acotado el espacio de los servicios en régimen de gratuidad total. En los otros servicios hay que aceptar un pago por uso. Los presupuestos públicos deberían poder cubrir los gastos fijos, sobre todo aquellos que se derivan de las infraestructuras necesarias para el servicio. La calidad del servicio debe ser la misma para todos, y una parte importante de la calidad y del coste depende de la inversión en la infraestructura. Si se realiza una reforma fiscal más progresiva, el pago por uso podría ser uniforme; pero si no se alcanza la redistribución suficiente, el pago por uso deberá estar graduado en función de la renta del usuario.

Creo que estos principios podrían combinar adecuadamente calidad, uso no abusivo, equidad y sostenibilidad.

 Joan Majó, ingeniero y ex ministro