Vives dice que no suavizará las restricciones para pisos de emergencia

Junio de 2014: el Consorcio de la Vivienda de Barcelona aprueba un nuevo y restrictivo reglamento que fija los criterios de adjudicación de pisos sociales de la Mesa de Emergencias. Deja fuera a familias sin ingresos, que no tengan un contrato de alquiler de la vivienda donde viven o a personas sin permiso de residencia. Además, afirma que en última instancia, pese a cumplir los requisitos, la Mesa podría decidir denegar un piso a una familia. Comienzos de noviembre 2014: La Síndica de Greuges de Barcelona, Assumpció Vilà, escribe al Ayuntamiento afirmando que el reglamento es “regresivo en la empara de los derechos de la ciudadanía ante la pérdida de su vivienda habitual”, afirma que “puede estar viciado de nulidad” y pide que sea revisado. Entre otras cuestiones, porque la nueva norma no pasó por los organismos en los que participa la oposición.

La respuesta a la Síndica llegó a finales del mes pasado por parte del teniente de alcalde de Habitat Urbano, Antoni Vives: le traslada su “total desacuerdo sobre las interpretaciones que hace” del reglamento y asegura que suprimirlo “significaría de entrada la anulación de la Mesa […] cuestión que no nos podemos permitir”.

La síndica critica el reglamento ya desde el procedimiento de elaboración. Por ejemplo, reprocha “la falta de dictamen de la Comisión Jurídica Asesora” o que no haya intervenido la Administración local. Vilà tampoco cree que sea de recibo considerar a una persona “sin hogar” solo alguien que haya sido desahuciado por no pagar el alquiler. Hay otras casuísticas anteriores a perder la casa: tratarse de alguien que había ocupado un piso tras un desahucio, que vivía realquilado…

También critica la síndica que el reglamento no incluya a víctimas de violencia doméstica o de asedio inmobiliario, como sí hacía el anterior reglamento; o que fije una exigencia mínima de ingresos para acceder a un piso social.Por último, subraya su desacuerdo en el supuesto que afirma que en última instancia la Mesa puede denegar el piso a alguien aunque cumpla los requisitos.

En su respuesta, Vives responde que las víctimas de violencia doméstica disponen de un reglamento específico; o que aunque no hubiera un contrato de alquiler, “la mesa atenderá las situaciones si hay pruebas suficientes”. Sobre el hecho de que el reglamento se aprobara por parte del Consorcio y no pasara por organismos municipales, responde que se sometió a exposición pública como es preceptivo; y recuerda que al aprobarlo el Consorcio no era preceptivo el informe de la Comisión Jurídica Asesora. Finalmente, Vives afirma que suprimir el reglamento supondría anular el la Mesa de Emergencias “hasta una nueva reglamentación”.

El jefe de filas de ICV en el Ayuntamiento, Ricard Gomà, afirma que “es falso” que anular el reglamento suponga anular la Mesa. Entiende que el Gobierno municpal “se saca de encima” a la Síndica y critica un reglamento “que está pensado para filtrar y que al final del embudo no entre nadie”. Un reglamento del que asegura que se basa “en la sospecha preventiva generalizada sobre las personas usuarias de los servicios sociales”.