La exalcadesa de Orihuela, imputada en otra pieza del ‘caso Brugal’

Mónica Lorente, la exalcaldesa de Orihuela, ha sido imputada por tráfico de influencias en la tramitación del plan de gestión de residuos de la comarca de La Vega Baja, una de las piezas derivadas del caso Brugal. La juez Rosa Villegas, del juzgado de instrucción número tres de Orihuela, la ha citado a declarar en una causa en la que ya están imputados el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y la exdirectora de canal 9, Genoveva Reig.

Esta es la tercera imputación que enfrenta la exalcaldesa, investigada en otros dos casos judiciales por la adjudicación de la contrata oriolana de basuras, también del caso Brugal, y por supuesta corrupción urbanística. Villegas apunta en su acto a la existencia de suficientes indicios que muestran que Lorente habría actuado en interés de los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, imputados también en la causa.

Ripoll, según la Fiscalía, concedió la contrata de residuos a Ortiz por cientos de millones de euros para que construyera y gestionara las dos instalaciones que tratarían las 250.000 toneladas de basura que la comarca genera anualmente. Fenoll también presentó una oferta en otros terrenos y, si bien no se hizo con la adjudicación, sí consiguió que se produjera una modificación posterior del proyecto para que se edificaran las instalaciones sobre terrenos de su propiedad.

Fiscalía y Policía sostienen que todos estaban al tanto del cambio, propuesto por el propio Ortiz. El visionado de un vídeo aportado por los socialistas en el que la exalcaldesa contesta a preguntas sobre una de las instalaciones que debía construir Ortiz ha llevado a pensar a la juez que la política era conocedora del destino final de las instalaciones, como ha venido insistiendo la Fiscalía que pidió la imputación en dos escritos. En su auto, la considera como la conexión entre Fenoll y Ripoll.

Lorente también está imputada por la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, en manos de Fenoll, empresario con amplios intereses en la comarca más meridional de la Comunidad Valenciana. La política se enfrenta a los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a autoridades. La Fiscalía sostiene que Lorente arregló la adjudicación en 2008 después de que Fenoll financiara ilegalmente la campaña que aupó a la política a la alcaldía oriolana en 2007.