BTG vende Túnels del Cadí por el doble de lo que pagó a la Generalitat

La privatización de los túneles de Vallvidrera y del Cadí se ha convertido en un pelotazo para el banco brasileño BTG Pactual, que se hizo con el 65% de la concesionaria en una operación en la que Abertis adquirió el resto del accionariado de la sociedad Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya. La entidad ha vendido su participación al fondo de capital riesgo Ardian por un importe de 146,45 millones de euros, una cifra que supone multiplicar por 2,46 "el capital originalmente invertido en la operación", según comunicó ayer el banco a las autoridades bursátiles brasileñas. De esa forma, BTG Pactual ha obtenido un beneficio de 86,9 millones de euros en un periodo de apenas dos años.

El Gobierno de Artur Mas emprendió en 2012 la privatización de sus vías de peaje para resolver parte de sus necesidades de tesorería y ajustarse a los objetivos de déficit presupuestario. Con ese objetivo la Generalitat abrió un concurso con el que pretendía ingresar en un primer pago 310 millones de euros y otros 120 millones de euros durante los restantes 25 años que durara la concesión. A la práctica, no obstante, BTG Pactual solo da por apuntados 59,5 millones de euros desembolsados en la operación en su contabilidad.

La rentabilidad obtenida por el grupo brasileño contrasta con las complicaciones que tuvo el Ejecutivo catalán para cerrar la operación. En un primer intento el concurso quedó desierto y en la segunda, la adjudicación se produjo tras un proceso negociado al que invitó a cuatro concesionarias sin que ninguna de ellas mostrara interés por explotar las autovías de la Generalitat. Abertis se limitó a presentar un manifiesto de intenciones, sin oferta. Una vez adjudicado el concurso, la Generalitat señaló que el acuerdo era "un ejemplo de colaboración público-privada".

Apenas tres semanas después de firmar aquel acuerdo, BTG Pactual se embarcaba en otro negocio con la Generalitat mucho mayor pero que también ha superado en polémica al de los peajes: la privatización de la gestión de Aguas-TerLlobregat (ATLL). En ese caso tomó el 37% de las acciones del consorcio que se impuso en el concurso, en el que también participan Acciona (con el mismo capital) y otros pequeños inversores, valorado en 1.000 millones de euros.