La Generalitat impone 56 multas de 4.000 euros a Uber y sus conductores

La Dirección de Transportes y Movilidad ha sancionado a Uber, la aplicación para contratar traslados en vehículos privados, con 28 multas de 4.000 euros cada una y ha impuesto otras 28 a sus conductores por transportar pasajeros sin la licencia necesaria, según informó este viernes el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, del que depende el organismo.

Transportes tiene al menos otros 25 expedientes abiertos a la app y otros 25 a sus chóferes, ya que cada vez que las autoridades interceptan uno de estos coches con viajeros dentro, proponen una sanción para la empresa y otra para el conductor.

Territorio también anunció que trabaja en un plan b para garantizar la inmovilización de los vehículos de Uber en 2015. La Generalitat, que se comprometió a materializar esta medida en una ley de acompañamiento de los Presupuestos del próximo ejercicio, prepara ahora un decreto-ley que se aprobaría antes de fin de año en caso de que CiU no consiguiera el apoyo necesario para sacar adelante las cuentas. El objetivo es tranquilizar al gremio y, al parecer, está funcionando: la intención de seguir la huelga indefinida convocada para el 7 de noviembre está perdiendo fuerza, según fuentes del sector.

La Administración local se sumó este viernes a la batalla contra Uber: el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) y la Mesa Técnica del Taxi anunciaron que han denunciado a Uber ante la Agencia Catalana de Consumo por competencia desleal y enriquecimiento injusto. Los representantes del gremio han pedido a Consumo “una evaluación sobre la actividad” de la app, a la que acusan de infringir la Ley del Taxi.

El informe presentado a Consumo considera que Uber es una empresa de transporte que compite con ventaja sobre los taxistas porque, a diferencia de ellos, “no respeta los límites” que establece esta norma. También afirma que su actividad constituye un enriquecimiento injusto pues “afecta muy directamente al comportamiento económico del consumidor” a través de un sistema tarifario “que no se somete a ninguna regulación”.

El documento acusa a Uber de no cumplir el Código de Consumo de Cataluña en lo que se refiere a la seguridad de los viajeros y “la debida formación de los conductores, los sistemas de control técnico de los vehículos y la protección tarifaria propia de un servicio público”. Uber impone de forma unilateral a sus chóferes un sistema de tarifas que puede cambiar de forma inmediata de acuerdo a la demanda, por ejemplo, suele subir los precios cuando llueve.

La Mesa Técnica también denunció la semana pasada a la aplicación ante la Inspección de Trabajo por no dar de alta a sus conductores en la Seguridad Social y a estos, de forma colectiva por no estar afiliados al régimen de autónomos, según explicó el sindicato STAC.