Mas minimiza ahora la labor de los funcionarios en la logística del 9-N

El Gobierno catalán ha decidido no encargar ninguna tarea diferenciada a los funcionarios que se han presentado como voluntarios para organizar la consulta alternativa del 9 de noviembre en un intento de esquivar la impugnación del Tribunal Constitucional. Los trabajadores públicos de la Generalitat podrán ser voluntarios pero, a diferencia de lo que había dicho inicialmente el Gobierno catalán, desempeñarán exactamente las mismas funciones que los otros ciudadanos que se han presentado como voluntarios. Con ello, la Generalitat responde a las críticas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acusó a Artur Mas de “mezquindad” por escudarse detrás de los funcionarios para organizar la consulta.

El presidente catalán reclamó al convocar la consulta alternativa del 9 de noviembre el compromiso de 18.000 voluntarios y de 3.000 funcionarios para atender las mesas electorales, el recuento y otras labores logísticas. Tanto la ciudadanía como los trabajadores públicos respondieron con creces a la llamada del presidente catalán. En total ha habido 40.930 voluntarios, de los que cerca de 7.000 son funcionarios.

El consejero de Presidencia, Francesc Homs, aseguró ayer que, a pesar de lo dicho inicialmente, el dispositivo electoral ha “evolucionado” de tal manera que no hay ninguna labor concreta que deba ser cubierta por funcionarios. O sea, que habrá funcionarios voluntarios, pero su tarea quedará diluida entre el resto de ciudadanos que colaboren con la Generalitat. Con ello, Mas intenta cubrirse las espaldas ante un más que posible recurso por utilización indebida de los trabajadores públicos.

Más allá de este punto, y tras el anuncio del Gobierno de que se dispone a impugnar el proceso participativo, la Generalitat sacó pecho y aseguró que no hay nada que impugnar y que continuará con los preparativos. “Continuaremos haciendo lo que estamos haciendo”, ha asegurado. Con todo, evitó responder si el Gobierno catalán pondrá las urnas en caso de una impugnación. Solo insistió en que harán “todo lo posible para que haya las urnas el 9 de noviembre”.

La tesis de la Generalitat es que el proceso participativo no tiene nada que ver con la consulta que fue suspendida por el Tribunal Constitucional pese a que la pregunta es la misma y se van a utilizar las mismas urnas y papeletas. La diferencia es que ahora se hace en forma de proceso participativo, sin un decreto que la ampare y gracias a la participación de voluntarios. Esto hace ser más optimista a la Generalitat ante el anunciado recurso del Gobierno central. “No hay nada que impugnar”, aseguró Homs.