Declara de nuevo como imputada la mano derecha de Josep Prat en Innova

La exdirectora económico-financiera de Innova, Ester Ventura, declaró este lunes imputada por la contratación del exgerente de Infraestructuras del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Jorge Batesteza, durante la construcción del hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp). Batesteza cobró 387.000 euros presuntamente irregulares del Ayuntamiento. Ventura declaró durante casi dos horas en el juzgado de Instrucción 3 de Reus, que investiga el caso Innova. La imputada se negó a responder a acusaciones personadas en la causa, como la CUP y Ara Reus. También se desmarcó de los pagos a Batesteza, según explicaron fuentes cercanas al caso.

Ventura está acusada de cinco supuestos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos. Por las mismas acusaciones declaró el 17 de septiembre el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC). “Yo no lo conocía y no he firmado nunca ningún contrato al señor Batesteza. Sé que trabajaba porque después lo vi”, afirmó entonces Pérez. Batesteza fue contratado por Innova a través del exdirector general del grupo de empresas, Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), solo un mes después de abandonar su puesto en el CatSalut. Los pagos se prolongaron entre 2007 y 2010, cuando Reus era gobernada por el PSC, ERC e ICV.

Según el instructor del caso, los implicados “hicieron un uso torticero de su posición privilegiada para evitar los controles y fiscalización que se deberían haber llevado a cabo si hubiesen actuado dentro de los cauces de la ley”. El juez del caso Innova también señala una “falta de control grosera del destino del dinero público”, ya que los trabajos podrían no haberse realizado en su totalidad dado que solo existen cuatro informes realizados por Batesteza entre julio de 2007 y enero de 2008 más allá de correos electrónicos, tiques de autopista y algunas firmas en actas de obras. Todo esto lo detalló el juez en un auto el pasado 21 de julio, en el que impuso fianzas de 1,5 millones de euros a Prat y Batesteza. El primero fue detenido por la Guardia Civil en febrero de 2013 y el segundo en julio del mismo año. Además, el exalcalde asignó a la empresa Euroconsult el seguimiento de las obras del hospital en marzo de 2007. Batesteza participó desde el CatSalut en la mesa de contratación y un año más tarde la empresa lo fichó como técnico externo. Batesteza “cobraba por supervisarse a sí mismo”, apuntó el juez.

Estos hechos se investigan en la pieza separada número dos del caso Innova. Ventura es la esposa del alcalde de Vila-seca (Tarragonès) y presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU). Precisamente, Batesteza está imputado junto a Poblet en la octava pieza separada del caso Innova por cobrar 68.000 euros injustificados por supervisar la obra de un centro sanitario en Vila-seca entre 2007 y 2010. Ambos están acusados junto a seis regidores convergentes del municipio por supuesta prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos. Curiosamente el Ayuntamiento de Reus, gobernado por CiU y PP, y que está personado como acusación en el caso Innova, decidió retirarse de la pieza que afecta a Poblet.

El caso Innova ya consta de diez piezas separadas, la mayoría bajo secreto de sumario, además de la causa principal. Ventura está imputada en dos piezas más del macroproceso: En la que indaga la creación, gestión de los fondos públicos y liquidación de Shirota Functional Foods, una empresa de investigación nutricional en la que el Ayuntamiento de Reus enterró millones de euros. En segundo lugar,  por presuntos delitos contra la Administración Pública, delito societario y delito de omisión del deber de perseguir delitos, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La exdirectora económica financiera de Innova también está acusada de estafa, apropiación indebida, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental por el pago desde Innova de 720.000 euros presuntamente injustificados al exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Carles Manté, entre 2007 y 2011.