El fiscal del Madrid Arena pide cuatro años de cárcel para el organizador

El fiscal del caso Madrid Arena pide cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores por cinco supuestos delitos de homicidio por imprudencia grave. El empresario, responsable de Diviertt, fue el promotor de la fiesta del Madrid Arena en la que fallecieron cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012 y otros 30 resultaron heridos. El ministerio público solicita, además, tres años de cárcel para otros 11 acusados de los mismos delitos, responsables del control de acceso y la seguridad del evento. Para los dos responsables del equipo médico de la fiesta, los doctores Simón y Carlos Viñals, que prestaron los primeros auxilios a tres de las víctimas, pide dos años y seis meses de cárcel por tres delitos de homicidio por imprudencia grave. 

El empresario actuó “con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado”

El escrito de la Fiscalía no pide pena alguna para el entonces jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo (dimitió de su cargo a finales de agosto), imputado por el juez Eduardo López-Palop por la supuesta comisión de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave. Tras el auto de imputación, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ya cuestionaba la decisión del juez por considerar que Monteagudo “carece de responsabilidad penal” por su actuación.

El escrito de la Fiscalía considera que Miguel Ángel Flores es el principal responsable de la venta de “un mínimo de 22.800 entradas”, pese a que la capacidad máxima del recinto era de 10.620 personas. El empresario, continúa el escrito, actuó “movido por un claro ánimo de enriquecerse, con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado que le eran exigibles”.

El fiscal pide, además, tres años de prisión para los responsables del control y la seguridad del evento: Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo (responsables de Diviertt), Rafael Pastor (subdirector de Seguridad de la empresa municipal Madrid Destino), Francisco del Amo y José Ruiz (coordinador y técnico de operaciones de la empresa gestora del espacio, Madridec, respectivamente), Juan José Paris, Raúl Monterde, José Antonio Díaz Romero y Roberto Mateos (coordinadores, jefe de equipo y vigilante de la empresa de seguridad Seguriber, respectivamente), Carlos Manzanares y Emilio Belliard (socios de la empresa de seguridad Kontrol 34).

El texto de la Fiscalía considera que ellos son los responsables del acceso "sin ningún tipo de supervisión" de los asistentes a la fiesta y del cierre de los vomitorios, que dio lugar a varias avalanchas que ocasionarían la muerte de las cinco jóvenes. También recae sobre ellos el rescate "de forma absolutamente descoordinada" de las víctimas. El fiscal considera que ejercieron negligentemente las tareas que tenían encomendadas, desde la organización del equipo de control  hasta la ejecución de las medidas necesarias para mantener la seguridad en la fiesta.

Para los miembros del equipo médico de la fiesta, Simón Viñals y Carlos Viñals, la Fiscalía pide dos años y seis meses de cárcel por tres delitos de supuesto homicidio por imprudencia grave. La Fiscalía considera que "tras una brevísima verificación de las funciones respiratorias y circulatorias en las tres víctimas, no fueron capaces de reconocer que al menos Rocío Oña y Cristina Arce estaban en situación de parada cardiorrespiratoria y, en seguida, diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas".