Salud inicia la quinta subasta de medicamentos

Tras los sucesivos respaldos judiciales, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha abierto la convocatoria de la quinta subasta de medicamentos para dispensar en las farmacias. La oferta, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), abarca 214 principios activos que se encuentran en el mercado con 2.324 nombres comerciales distintos. Ahora, los laboratorios tendrán hasta el 27 de octubre para presentar sus propuestas. Salud inicia esta quinta convocatoria casi un mes después de que el juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Sevilla rechazara la petición del Gobierno central de suspender cautelarmente la anterior subasta, abierta el pasado abril y resuelta a finales de julio.

Entre otros medicamentos, según un comunicado de Salud, en esta subasta se han sacado a licitación pública los antidiabéticos orales, antidepresivos, tratamientos para el colesterol, antiinflamatorios, analgésicos o ansiolíticos, entre otros. Asimismo, están incluidos aquellos fármacos que se adjudicaron en la primera subasta, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre, o que quedaron desiertos en anteriores convocatorias.

La consejería que encabeza María José Sánchez Rubio defiende que esta nueva convocatoria “contribuirá” a alcanzar el objetivo anual de un ahorro cercano a los 200 millones de euros. “El objetivo de esta medida es beneficiarse de las mejoras económicas que ofrece la industria para que influyan en la sostenibilidad del sistema sanitario”, defiende en un comunicado la consejería.

La subasta de medicamentos ha abierto, desde 2012, un enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta que ha obligado a parar dos veces el proceso debido a los recursos presentados por el Abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno central denuncia que el procedimiento de la Administración autónoma impide a los pacientes andaluces acceder a determinados fármacos y que, además, fomenta “la creación de monopolios de oferta regionales”.

El último fallo, el del juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Sevilla, rechazó suspender la convocatoria andaluza porque “las alegaciones formuladas por la Abogacía del Estado carecen de entidad suficiente”.