El Estado pleitea con 24 municipios por conceder ayudas a familiares de presos

La Delegación del Gobierno en el País Vasco quiere poner cerco a la concesión de ayudas públicas a los familiares de presos de ETA para financiarles los desplazamientos a los centros penitenciarios o a los juicios que tienen pendientes. La Abogacía del Estado ha denunciado a una treintena de Ayuntamientos vascos por esta causa, considerada por el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, como “una situación de escarnio y menosprecio a las víctimas del terrorismo”.

En la actualidad hay abiertos 24 pleitos contra ordenanzas municipales y una del Gobierno vasco por la concesión de subvenciones económicas que pretenden “cubrir parte de los elevados gastos de desplazamientos originados a los familiares de personas internas en centros penitenciarios”. A falta de una resolución judicial para estos casos, en al menos 13 procedimientos similares los jueces han dado la razón al Estado y anulado las partidas económicas concedidas por ayuntamientos —Itsasondo, Durango, Eskoriatza, Gernika, Zigoitia, Zumaia, Elorrio, Lezo, Lizartza y Ortuella— para financiar viajes a las cárceles.

A estos hay que añadir otros 14 recursos que la Delegación del Gobierno mantiene vivos contra planes estratégicos de subvenciones aprobados por otros tantos consistorios y que tienen la misma finalidad, esto es, costear las visitas de familiares de reclusos etarras. En total, los recursos interpuestos son 37, según datos facilitados por el Ministerio de Justicia.

En algún caso, la concesión de estas subvenciones se han echado atrás, como en el caso del Ayuntamiento de Soraluze, también gobernado por Bildu, que en junio pasado adoptó en un pleno el acuerdo de “dejar sin efecto las bases específicas que regulan la concesión de ayudas económicas individuales de transporte para familiares de personas internas en centros penitenciarios”.

Inicialmente, los consistorios consignaban en sus presupuestos partidas para esta finalidad, como en el caso de Gernika, que concedió 18.000 euros, pero los tribunales las anularon porque la convocatoria no se publicaba en el boletín oficial, ni las ayudas se contemplaban en un plan estratégico de subvenciones aprobado previamente. Por ello, los consistorios decidieron englobar las ayudas a familiares de presos en una convocatoria general de subvenciones, como ha hecho Hernani a través del Patronato Municipal de Salud y Bienestar Social. Este consistorio justifica la partida con el objetivo de “hacer posible que las personas presas mantengan el contacto con sus familiares”, para lo cual se acoge a “los principios básicos de la normativa internacional, europea y estatal, así como en la normativa de las Naciones Unidas”.

En otros casos, como Azpeitia y Andoain, que destinan este año 35.000 euros y 26.788 euros, respectivamente, para financiar traslados a prisiones, incluyen los gastos en un plan estratégico de subvenciones donde figuran también ayudas de tipo cultural, deportivo, laboral o social. Otros municipios como Mondragón, Olaberria, Lizartza, Aretxabaleta, Villabona, Urretxu o Legazpi han empleado la misma coartada legal.

No obstante, la Abogacía del Estado los está recurriendo sistemáticamente. Hasta la fecha, aseguran fuentes de la Delegación del Gobierno, las sentencias le son favorables. El último caso es el de Ortuella, cuyo ayuntamiento ha sido condenado este mismo mes a recuperar los 2.000 euros que concedió a familiares de presos de ETA. Urquijo opina que dicha sentencia “contribuye a no distorsionar el relato sobre el final de la banda terrorista y que las víctimas obtengan el respeto y consideración que se merecen”. Asimismo, considera que constituye “un llamamiento al buen uso de los limitados caudales públicos”.