Archivada la querella de un accionista contra la cúpula del Banco Pastor

Ha quedado archivada la querella que un pequeño accionista del Banco Pastor, hoy integrado en el Popular, presentó contra sus exdirectivos a los que acusaba de la comisión de cinco delitos, entre ellos los de estafa y falsedad en documento mercantil. El último presidente de la entidad, José María Arias Mosquera, anunció ayer que, una vez resuelto el recurso contra ese archivo, aún pendiente de resolución en la Audiencia de A Coruña, será él quien emprenderá acciones penales contra su denunciante.

 El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital provincial, que interrogó como imputados por esta denuncia tanto a Arias como al exconsejero delegado de la entidad Jorge Gost, determinó que el querellante, un pequeño accionista residente en Barcelona, no había aportado pruebas elementales para fundamentar su querella. Acusaba a los exadministradores del Pastor de montar “una trama financiera parecida al juego de los trileros” para ocultar la quiebra del banco y maquillar sus cuentas entre 2008 y 2010 captando dinero con acciones y participaciones preferentes para afrontar los impagos millonarios de inmobiliarias propiedad de la entidad financiera.

“Fue todo un montaje, un conjunto de acusaciones falsas, como ha quedado acreditado”, aseveró Arias Mosquera. Y defendió que el Pastor era “una institución sólida y saneada”. En respuesta a los periodistas, atribuyó a una “decisión estrátegica” y no a razones económicas los acuerdos adoptados por el banco que motivaron la querella. El expresidente insistió en la buena situación financiera de la entidad que dirigía cuando fue vendida al Banco Popular.

El accionista denunciante espera, no obstante, que la Audiencia coruñesa revoque el archivo de la denuncia. Y niega la solvencia de la que se jactó ayer Arias Mosquera en el momento de la venta del Pastor al Popular, ya que considera que las cuentas ocultaban las pérdidas gigantescas de empresas inmobiliarias propiedad de la entidad con sede en A Coruña. La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, al culminarse la operación de compraventa en octubre de 2013, reconoció que el valor neto del Pastor era negativo en 497 millones de euros. Ante la juez que investigó el caso antes de archivarlo, José María Arias alegó que había actuado en todo momento siguiendo normativas y recomendaciones del Banco de España que incluso fueron convertidas más tarde en decretos del Gobierno.