Punxín no devolverá a los vecinos el dinero cobrado por agua con arsénico

Los vecinos de Punxín (Ourense), que durante años consumieron agua con niveles de arsénico perjudiciales para la salud, no recuperarán el dinero que les cobró Aquagest, la concesionaria que asumió el servicio tras su privatización, mediante unas desproporcionadas tasas que triplicaron el importe de las facturas en un año. Y no lo recuperarán porque el Ayuntamiento se niega a cumplir las recomendaciones formuladas por el Valedor do Pobo, José Julio Fernández.

El alto comisionado del Parlamento de Galicia reclamó al alcalde que “se determine la responsabilidad económica y la compensación derivada del suministro de agua contaminada” y que de oficio “se reclame a la empresa concesionaria lo que proceda respecto de esa compensación” por un “servicio no óptimo” sufragado a medias por los vecinos y por las arcas municipales. Sin embargo, el regidor, Manuel Vázquez (PP), defiende que la empresa cumplió estrictamente el contrato o que a los vecinos se les suministró agua en condiciones óptimas, ya fuese mediante la traída o garrafas.

El Valedor acaba de firmar un informe en el que anuncia que trasladará lo sucedido al Parlamento “al considerase que era posible una solución positiva y no se dio” porque el Ayuntamiento “no acepta las recomendaciones”. Fernández tiene claro que la detección del arsénico “o más bien el reconocimiento público de su presencia” coincide con el dinero reclamado y además cree que “la presencia de arsénico se remonta a más tiempo del que se menciona, puesto que tiene un origen natural”. Y es que aunque las autoridades o la empresa tenían constancia del veneno, fueron los propios vecinos los que hicieron público el tóxico que salía de sus grifos pagando analíticas de su bolsillo.

El problema ha sido solucionado temporalmente con una depuradora, pero la justicia ya puso su foco sobre lo sucedido en Punxín. La instrucción de la Operación Pokémon incluye extensos informes de la Guardia Civil en los que se concluye que Aquagest cometió un supuesto delito contra la salud pública al servir “a sabiendas agua contaminada”, mientras que Vigilancia Aduanera atribuye cohecho y tráfico de influencias al exalcalde socialista, Alfredo Cruz, que privatizó el agua de este pueblo de 700 habitantes en un proceso presuntamente irregular.