Uno de cada cuatro inquilinos de pisos de la Generalitat es moroso

Los pisos de protección oficial de la Generalitat —de precios de alquiler reducidos con respecto al del mercado libre— se están escapando de las posibilidades de pago de muchas familias catalanas. Esto demuestran las últimas cifras de morosidad de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. El pasado julio, unos 3.860 contratos registraron impagos en las rentas, según estos datos. Un 25% de los inquilinos del departamento de Territorio y Sostenibilidad tienen, por tanto, problemas para hacer frente al pago mensual.

Las viviendas del parque público oficial, unas 15.000 repartidas por todo el territorio catalán, se entregan a familias teniendo en cuenta ciertos límites de renta y de acuerdo al sitio donde se encuentre ubicado el inmueble. En total, hay cuatro zonas. En el caso del régimen especial por 25 años, la barrera es de 2.398 euros al mes por unidad familiar, es decir 2,5 veces el indicador de renta de suficiencia, IRSC. En Altafulla (Tarragonés), por ejemplo, una promoción ofrece alquileres por 160 euros, sin incluir servicios y otros tributos. En Berga (Bergueda) el precio es de 114 euros.

La idea de la Generalitat es que los alquileres siempre se sitúen en una horquilla de entre el 60% y el 70% del precio de mercado de cada municipio. Las personas beneficiadas suelen tener ingresos bajos: según las estadísticas el 89% de los hogares inscritos en el registro de solicitantes de vivienda protegida tienen ingresos iguales o inferiores a los 18.500 euros anuales.

La morosidad en estos pisos, explica una portavoz de la agencia, se arrastra incluso desde 2012, cuando se registraron impagos en 4.017 hogares. La cifra bajó a 3.987 el año pasado y, con los datos de los primeros siete meses del 2014, la cifra ya llega a los 3.860. Desde la Generalitat explican que, sin embargo, “en ningún caso se practican desahucios por motivo estrictamente económico” y que los casos de familias que no pagan “se reconducen vía pacto, ayudas implícitas y son tratadas como morosidad social”.

Este año, Territorio ha destinado una partida de cinco millones de euros para ayudar a sus inquilinos que no pueden pagar, las llamadas ayudas implícitas, que en muchos casos son rebajas directas en el recibo que llega a las familias. A junio de este año, un total de 2.913 hogares recibieron esta subvención, un 19% más que en todo el año anterior, cuando fueron 2.355 los beneficiarios. En 2012, fueron concedidas a 1.676 hogares.

La realidad económica está chocando con los planes de la Generalitat para fomentar la ocupación. En marzo de este año, el consejero de Territorio, Santi Vila, anunció que se rebajaría el precio del alquiler de unas 1.500 viviendas, repartidas por 15 municipios, para actualizarlos con la nueva realidad inmobiliaria y facilitar que llegaran nuevas familias. En el caso de poblaciones como Sant Carles de la Rápita (Montsià) el valor se redujo en un 50%. En Lleida y Vic (Osona) las rebajas fueron de casi una quinta parte del precio.

La Agencia explica que sí realiza lanzamientos cuando las viviendas públicas son ocupadas ilegalmente o se incumple alguna otra cláusula del contrato. A junio de este año, se han realizado cinco lanzamientos. En 2013 hubo 12. “siempre se garantiza una alternativa de alojamiento”, asegura la portavoz.

En los pisos del parque público de Barcelona tampoco se ha desahuciado a nadie en lo que va de 2014, según una portavoz municipal. Los 18 lanzamientos ordenados son también por ocupaciones ilegales y otros dos por impagos no relacionados con problemas económicos.

Tras siete meses de impagos, el Ayuntamiento concierta una cita con los Servicios Sociales para determinar si hay una circunstancia específica que lo justifique, lo que abre la puerta para las ayudas que establece el Patronato Municipal de la Vivienda. En su informe del año pasado, la Síndica de Greuges de Barcelona denunció que el 61,5% de los solicitantes de un piso público en la capital catalana tienen “muy pocos recursos”, pues ganan menos de 16.000 euros anuales.