Ecologistas demandan a Iberpotash por responsabilidad de daños ambientales

Cuatro entidades ecologistas catalanas han presentado una demanda administrativa ante el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, por responsabilidad ambiental de la empresa Iberpotash, que explota las minas de potasa en Sallent y Suria (Bages). En su escrito, las entidades conservacionistas exigen al Gobierno catalán que obligue a la compañía israelí a responder "por los daños causados históricamente en la cuenca del Llobregat a causa de la actividad minera, y por el riesgo asociado a la generación de daños futuros como consecuencia de la ampliación (Plan Phoenix)".

Las entidades demandantes exigen también que se proceda a la suspensión provisional de las obras de construcción de una rampa de la mina de Cabassanes, una infraestructura de 4,7 kilómetros de longitud y más de 900 de profundidad, "visto que no se han evaluado los efectos que esta ampliación de la actividad tendrá sobre el medio ambiente en general y sobre la cuenca del Llobregat en concreto".

Según han explicado esta mañana las entidades ecologistas, esta es la primera vez que se interpone una demanda de responsabilidad por daños ambientales en Cataluña, una  norma derivada de una Directiva europea que se basa en el principio de "quien contamina, paga". Según esta ley, la responsabilidad por daños medioambiental es ilimitada. Los demandantes han matizado que la intención de esta medida no es una cuestión de dinero, sino que se pide retornar los recursos naturales dañados a su estado original, así como las medidas de prevención para evitar afectaciones futuras.

Las entidades han recalcado que toman esta vía para evitar "largos y costosos procesos judiciales" como los que ya están abiertos contra la empresa. En caso de que la Generalitat no dé respuesta a la demanda de los ecologistas, estos llevarán el caso ante las autoridades comunitarias.

Los contratiempos de las minas de potasa se han sucedido en las últimos días. La pasada semana, Iberpotash comunicó que congelaba la segunda fase del plan Phoenix, que suponía una inversión de 270 millones de euros en Cataluña, a la espera de “valorar” la última sentencia del Tribunal Supremo. El alto tribunal desestimaba el recurso presentado por la empresa tras el fallo de 2011  del Tribunal de Justicia de Cataluña que obligaba a Iberpotash a presentar un plan de restauración para el espacio que ocupa la montaña de sal de Cogulló, una mole de más de 70 millones de toneladas de sal. Y a principios de mes fue la Comisión Europea la anunció la apertura de un expediente a España por una “mala aplicación” de la directiva de residuos en las minas de Sallent y Súria, puesto que las extracciones podrían afectar al agua de la zona