Protesta en Granada contra la condena por participar en un piquete

Granada volvió a pedir este viernes la libertad de Carlos y Carmen, dos integrantes de un piquete informativo que por su actuación en la huelga general del 29 de marzo de 2012 han sido condenados a tres años y un día de prisión por un delito contra el derecho de los trabajadores. Más de mil personas se manifestaron en la capital, pero también en otras ciudades bajo lemas como “Luchar por los derechos no es delincuencia”, “Carmen y Carlos, absolución”, “Frente a la represión, solidaridad” o “La justicia no es igual para todos”.

El juzgado de lo Penal 1 de Granada, que los condenó en primera instancia, ha ordenado la ejecución de la sentencia, lo que conlleva su inminente ingreso en prisión. Lo hace después de que la Audiencia de Granada ratificara en mayo la resolución dictada por el juzgado. Los magistrados reconocen lo “controvertido del precepto” por el que están condenados Carlos y Carmen e, incluso, aluden a la posibilidad de que la pena sea “desproporcionada”, pero no por ello puede el tribunal “hacer dejación o abdicar” de su ineludible obligación de cumplir la ley, añaden. El fiscal pedía un año de prisión, pero el juez los condenó a tres por un delito contra el derecho de los trabajadores, según el artículo 315.3 del Código Penal.

Carlos, estudiante de Medicina de 25 años, y Carmen, de 56 años y en paro, no tenían hasta entonces antecedentes. Formaron parte de un piquete informativo compuesto por unas 40 personas el 29 de marzo de 2012. Entraron en un local de Granada que estaba abierto a las 00.30, con unos ocho o nueve clientes dentro, y comenzaron a “proferir todo tipo de expresiones vejatorias” y de “corte amenazante”, según consta en la sentencia.

Realizaron pintadas, colocaron pegatinas y en “tono amenazante” le dijeron a la propietaria, que es la que denunció los hechos, que se habían “quedado con su cara” e iban a “ir a por ella”, dice el juez. Los condenados, que reconocieron haber estado en el local pero no así las coacciones por las que han sido condenados, defienden que hacían efectivo su derecho a la huelga actuando como piquetes y lamentan la criminalización de la protesta social. La controvertida resolución ha motivado el apoyo de miles de personas, que buscan alternativas para retrasar o evitar su ingreso en la cárcel. Lo consideran desproporcionado, igual que numerosos colectivos, organizaciones sociales, sindicales y políticas. IU incluso se refirió a ellos como “presos políticos del Gobierno de Rajoy”.

El juez argumentó que está “fuera de toda justificación” que bajo esa apariencia de ejercicio de derechos “se encubra la coacción, el insulto o la imposición de una conducta amparada en la misma libertad que dice ejercer el componente del piquete”. Impuso el mínimo por el apartado por el que son condenados y, aunque el fiscal solicitó menos, aclaró que “los jueces deben imponer la pena que fija la ley y no la que quiera el fiscal”.