Borriol aprueba el plan de la depuradora pese a la investigación de fiscalía
El Ayuntamiento expropiará los terrenos del socio de Francisco Martínez
El Partido Popular de Borriol ha aprobado este jueves, en la comisión de urbanismo, la compra de los terrenos necesarios para la construcción de la polémica depuradora a pesar de que la Fiscalía de Castellón ha abierto una investigación para depurar supuestas responsabilidades en la tramitación de este proyecto. El escándalo de la depuradora se destapó después de que el edil de Compromís advirtiese que, entre los terrenos a expropiar, había uno propiedad de Francisco Martínez, exvicepresiente de la Diputación y encargado del proyecto, por el que el Ayuntamiento de Borriol iba a pagar 51.000 euros por la finca valorada en 3.000. Martínez fue cesado (continúa como diputado provincial) y sus terrenos excluidos del proyecto porque no eran necesarios. No obstante, el ayuntamiento de Borriol ha continuado los trámites para expropiar el resto de terrenos, que son propiedad del socio de Martínez.
“El PP en solitario ha sacado adelante esta operación sin esperar al informe definitivo de la comisión de investigación sobre el proyecto y a pesar de que la fiscalía mantiene abiertas las diligencias por este caso”, ha criticado el portavoz socialista en el Consistorio, Francisco Pastor.
Según ha explicado en un comunicado, la comisión de urbanismo que ha aprobado este trámite se ha celebrado nada más terminar la comisión de investigación. El PSPV sostiene que no se han aclarado varios puntos, entre ellos, conocer qué vínculos hay entre Martínez y su socio “para conocer si hubo connivencia entre la Diputación y el entonces alcalde Adelino Santamaría y el actual, Iván Pauner”. Los socialistas consideran que era “esencial” esperar al pronunciamiento de la fiscalía.
Fue el portavoz de Compromís en la Diputación, Enric Nomdedéu, quien llevó el caso ante el Ministerio Público al estimar que Martínez pudo utilizar información privilegiada en beneficio propio. Tanto él como el presidente de la Diputación, Javier Moliner, y técnicos han declarado ante el fiscal.
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