Los sindicatos exigen parar la privatización del servicio de empleo

CC OO y UGT exigieron ayer al Gobierno catalán que, de forma “inmediata”, dé marcha atrás y retire la orden que fija las condiciones del primer paso para privatizar el servicio público de empleo, el SOC en sus siglas en catalán. El documento, que la Generalitat tenía pensado aprobar la semana que viene, prevé destinar 1,9 millones de euros a delegar la inserción de 10.000 parados en las agencias privadas de colocación. El importe resulta de pagarles 600 euros para cada desempleado al que encuentren trabajo (con la previsión de que insertarán a una cuarta parte, 1,5 millones) y 40 euros por cada entrevista inicial que realicen las agencias(400.000 euros), como avanzó ayer este diario.

Los sindicatos echan en cara a la Generalitat que en vez de consensuar las condiciones en el consejo de dirección del SOC (formado por la dirección, los sindicatos, las patronales y servicios locales de empleo), las hayan pactado a sus espaldas con la patronal de las agencias de colocación, ACACER. “Nos parece inaudito”, manifestó la secretaria de Estado del Bienestar y Trabajo de la UGT de Cataluña, Laura Pelay, quien alertó de los “peligros” de la orden. Por ejemplo, habla de pagar 300 euros a las agencias “por tres meses de contratos”. “¿De qué hablamos? ¿De 300 contratos de un día?”, pregunta Pelay.

Igual que prevé 40 euros por entrevista y 600 por los contratos de seis meses o más, el borrador de la orden prevé los 300 euros citados por trabajos de tres meses; 400 por empleos de cuatro y 500 por cinco meses.

Personas “ocupables”

El hecho de que la orden establezca que las agencias privadas atenderán a las personas más “ocupables”, las que no necesitan formación, “refuerza la sospecha” de los sindicatos “de que la colaboración público-privada en la intermediación laboral puede suponer un agravio para las personas desempleadas y con mayor dificultad para encontrar trabajo”. De hecho, tanto el actual consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, como su antecesor, Francesc Xavier Mena, siempre han asegurado que no traspasarían a los privados los perfiles más fáciles de colocar, lo que se contradice con la orden.

“Lo que debería hacer la Generalitat con 820.000 personas sin trabajo y el 60% desde hace más de un año, es reforzar el SOC con más recursos y no regalar dinero a las agencias privadas de colocación”, afirman los sindicatos.