La fiscalía cree que se puede “discutir razonadamente” sobre la consulta

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el archivo de la querella presentada por el sindicato ultra Manos Limpias contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por los delitos de sedición, rebelión, desobediencia y prevaricación por su hoja de ruta soberanista. La petición de archivo se apoya, entre otras cosas, en el argumento de se puede “discutir razonadamente” sobre la legalidad de esta consulta.

“Con la regulación legal apuntada y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se puede discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta-referéndum prevista para el día 9 de noviembre, pero la discusión jurídica ha de situarse en sede constitucional, sin que puede convertirse una decisión política en una resolución administrativa prevaricadora”, argumenta la Fiscalía en su escrito.

Manos Limpias basó su querella, entre otros aspectos, en la resolución aprobada en el Parlament el 27 de septiembre de 2012, en la que se declara que “Cataluña debe iniciar una nueva etapa basada en el derecho a decidir” y pide avanzar “hacia más estructuras de Estado”, lo que el sindicato interpreta como un intento de Artur Mas “a favor de la desmembración de España”, lo que “contraviene la legislación vigente”.

También esgrime para sustentar su querella la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional, para que “formule las líneas del nuevo Gobierno independiente” al margen del marco constitucional, un organismo que contempla “organizar una consulta al margen de las disposiciones legales del Estado”, y la posibilidad de una declaración unilateral de independencia.

Por todas estas cuestiones, Manos Limpias cree que Mas prevarica por dictar “a sabiendas” medidas que van contra el ordenamiento jurídico y cae, presuntamente, en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El escrito de la Fiscalía rechaza que la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional haya supuesto “disposición de caudales públicos”. Aunque la idea “puede hacer pensar en un dispendio gratuito, innecesario y sectario”, razona el ministerio público, el texto revela que sus cargos no perciben retribución alguna.

La Fiscalía centra su esfuerzo argumentativo en la distinción legal entre referéndum y consulta. La propuesta de Artur Mas resulta, en ese sentido, “confusa”. La distinción entre los dos conceptos, además, “no es clara”. Basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, sigue la fiscalía, “caben consultas populares no referendarias” para recabar la opinión de los ciudadanos sobre temas de interés público.

Hace un año, el exfiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, se vio forzado a dimitir de su cargo después de unas polémicas declaraciones en las que dio su apoyo a la celebración de una consulta ciudadana sobre la independencia.