Lamarca avisa de la injerencia del poder central en su función

El ararteko, Iñigo Lamarca, ha advertido este martes al Gobierno central de que debe respetar la separación de poderes. Ha sido una intencionada respuesta al conocido propósito del Ejecutivo del PP de incluir la figura del Defensor del Pueblo autonómico en la lista de organismos susceptibles de desaparecer en una futura reducción de instancias en la Administración. “Dependemos de nuestros Parlamentos autonómicos”, ha remarcado Lamarca en una jornada promovida en torno a Los derechos humanos en serio.

En vísperas de cumplir 25 años de existencia, el próximo 8 de marzo, el Ararteko, y algo más de un mes después el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sus respectivos responsables encabezaron un acto en Bilbao, centrado principalmente en las intervenciones de Adela Asúa, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, y Alejandro Saiz Arnaiz, juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La cita ha reunido a la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería; a la viceconsejera de Justicia, Ana Aguirre; al fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro y a otros miembros de la judicatura.

Según Lamarca, la oficina del Ararteko recibió un total de 9.610 quejas en 2013, lo que supuso un 15% más que en 2012 y un 120% más que en 2010, debido a que buena parte de su actividad se centra en los derechos sociales, que han sido “vapuleados” en la crisis. En un 55% de los casos tratados, se detecta que la administración no ha actuado “correctamente” y en un 87% de las resoluciones la administración correspondiente ha “corregido” sus actuaciones pese a que no está obligada.

A su vez, el juez Alejandro Saiz destacó durante su intervención que España cuenta con una tasa “baja” de demandas ante este tribunal, pero advirtió de que es “uno de los incumplidores” en materia de mecanismos para la ejecución de las resoluciones. En este sentido, ha apostado por prever “cauces específicos” en la legislación.

Adela Asúa, por parte, hizo incidencia en la evolución de los recursos que son dirigidos al Constitucional y que se han ido reduciendo paulatinamente desde la reforma de 2007 tras la “crisis de éxito” sufrida por el tribunal, destacó, y con el objetivo de “descongestionarlo”. En opinión de esta reconocida jurista vizcaína, este objetivo de aminorar los recursos se ha cumplido de manera que ya no hay “dilaciones” generalmente, pero ha abierto una “reflexión” sobre la reforma en aspectos como los incidentes de nulidad, que se ha convertido en “un obstáculo añadido” que deben superar los letrados, y el establecimiento de “criterios bastante rígidos”.