Erkoreka considera la multa un asunto “menor” al no cuestionar la fiscalidad

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha considerado hoy que una multa de UE, aunque sea de 50 millones de euros, por no recuperar las vacaciones fiscales supone una "cuestión menor", ya que lo importante es la capacidad fiscal de las instituciones forales, que el Tribunal de Luxemburgo no cuestiona.

La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Eleanor Sharpston ha recomendado hoy imponer una multa de 50 millones a España por no haber recuperado a tiempo las Diputaciones las llamadas vacaciones fiscales, las ayudas a empresas concedidas por las instituciones forales en los años noventa y declaradas ilegales por este tribunal.

La jurista comunitaria da la razón a la Comisión, que había solicitado la imposición de una sanción financiera contra España, aunque reduce la cuantía frente a lo que había reclamado Bruselas, unos 64 millones, a 50 millones, la más alta que ha impuesto esta corte judicial.

En declaraciones a los periodistas en un acto en Bilbao, Erkoreka ha instado "a todas las partes", en referencia al abogado del Estado, a defender las posiciones de las Diputaciones en este litigio para que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo no siga las conclusiones de la abogada general, como hace habitualmente. Además, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y ha recordado que las conclusiones de la abogada general "no constituyen todavía la sentencia del Tribunal de Luxemburgo".

El portavoz del Ejecutivo ha defendido la actuación, "con corrección y rigor", de las instituciones forales en la recuperación de las vacaciones fiscales, ya que parte de esas ayudas, según su interpretación, eran "perfectamente legales" y no debían ser devueltas por las empresas beneficiarias.

Erkoreka ha recalcado además que lo importante es que la capacidad normativa en fiscalidad de los territorios forales no es cuestionada por la Unión Europea. "La capacidad de las Diputaciones forales para definir una fiscalidad autónoma y distinta de la del Estado, en los ámbitos donde dispone de capacidad normativa, no está en juego, sino tan solo la pertinencia o no de una multa en relación con la hipotética no devolución de las ayudas con arreglo a lo dictaminado por el tribunal", ha explicado. "Es una cuestión menor, no está en juego la capacidad fiscal", ha rematado.