La oposición pide al PP que no desproteja el suelo rústico

Desde que en 2002 la Xunta de Fraga sacó adelante su última ley del suelo, la norma ha ido a retoque por año. Desde entonces, ha sufrido más de 10 modificaciones. Y en las últimas elecciones autonómicas todos los partidos que acabaron representados en el hemiciclo llevaban en sus programas la promesa de redactar un nuevo texto. Fiel a su compromiso, la Xunta presentó un primer borrador a finales del año pasado: lo entregó a los grupos de la oposición y lo colgó en la página web de la Consellería de Medio Ambiente para que también la sociedad civil pudiera realizar aportaciones.

Ayer, el titular de ese departamento, Agustín Hernández, compareció en una comisión parlamentaria para explicar a la oposición las líneas maestras del nuevo texto. Habló de simplicar la tramitación de los planes generales de los ayuntamientos que ahora duran seis años, de la figura del planeamiento básico que se pretende crear para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes —la mayoría de los que no tienen sus planes actualizados— y de los presuntos “beneficios” para los ciudadanos. Pero los partidos de la oposición desconfían de las intenciones de la Xunta. En primer lugar, porque de los papeles que ha presentado sobre la futura norma desaparece el suelo rústico de protección agropecuaria y forestal, argumentó que ayer replicaron tanto el PSdeG, como AGE y el Bloque.

Llamada al consenso

El diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo lamentó que la futura ley no restrinja el urbanismo de los ayuntamientos que se rigen por las normas subsidiarias y tampoco ataque la dispersión de las construcciones, pese a que en el futuro “resultará imposible” dotar de infraestructuras las viviendas “de quienes quieren hacer una casa en el monte, tipo Tarzán y luego reclaman aceras, luz, agua y fibra óptica”. Más duros se mostraron AGE y BNG, que acusaron al PP de hacer leyes “al servicio de la especulación inmobiliaria”. El diputado de AGE Antón Sánchez censuró que el texto deje sin competencias a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que hasta ahora velaba contra los desmanes de la construcción. Ana Pontón (BNG) criticó que se reduzcan las obligaciones de cesiones de suelo de los promotores. Hernández replicó que el texto está en una fase inicial y mostró su total disposición a hacer cesiones para alcanzar un consenso y tener una ley del suelo que sea de todos.