Los sindicatos anuncian una huelga de basuras indefinida en Alicante

Los trabajadores encargados de la limpieza de la ciudad de Alicante irán a la huelga si la empresa concesionaria de este servicio municipal no cambia su posición en los próximos días. Tras una nueva reunión sin frutos con los abogados de la mercantil UTE Alicante, el comité de empresa tiene previsto comunicar este viernes ante la Subdelegación de Gobierno su intención de iniciar una huelga indefinida a mediados de enero.

 Los delegados sindicales de la UTE (unión temporal de empresas) controlada por Enrique Ortiz, el principal contratista del Ayuntamiento, tomaron la decisión este jueves tras reunirse con la mercantil el pasado 31 de diciembre. Aquel día, según David Martínez, delegado de CC OO, se llegó a un acuerdo por la mañana que la empresa rompió horas después dando por rotas las negociaciones. “Llevamos desde junio negociando y cada vez que damos un paso hacia ellos, dan uno más hacia su posición”, dijo Martínez, quien aprovechó para criticar la posición de indiferencia del Ayuntamiento. "Hemos pedido reunirnos dos veces con Andrés Llorens (concejal de Atención Urbana y teniente alcalde de Alicante) y no hemos ni obtenido respuesta", lamentó el sindicalista.

Según Martínez, los empleados están dispuestos a aceptar una congelación salarial de tres a cuatro años, pero “no a que se carguen de un plumazo un convenio que se ha conseguido a lo largo de un esfuerzo de 30 años”. Los principales puntos a los que se han negado de la propuesta de la empresa conciernen a una reducción de las vacaciones y del periodo de bajas remuneradas. El apoyo de los 500 trabajadores de la UTE al comité, dice Martínez, es "del 100%. Se votó en asamblea".

La empresa emitió tras el anuncio de huelga un comunicado diciendo que respetarían el convenio y no tocarían sueldos si sus empleados volvían a negociar. “Les creeríamos si firmaran algún documento como les pedimos, pero no lo hacen”, añadió al respecto Martínez, proclive a seguir negociando hasta la huelga.

En la UTE Alicante participan FCC, Cespa (Ferrovial), Cívica e Inusa. Esta última empresa es de Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal junto a la alcaldesa, Sonia Castedo, por amaño del plan general urbano de la ciudad.