El alcalde de Ourense destituye a uno de los ediles socialistas díscolos

La guerra civil del PSdeG ourensano amenaza al gobierno municipal. El alcalde, Agustín Fernández, ha retirado todas sus competencias a Antonio Rodríguez Penín, uno de los cinco ediles críticos con él que el pasado viernes rompieron la disciplina de grupo y abandonaron el salón de plenos para no votar una decisión con la que no estaban de acuerdo.

 Fernández ha tomado esta decisión “por pérdida de confianza en su gestión” y “no descarta nuevas medidas una vez sustanciadas las responsabilidades derivadas” de la rebelión interna. La ejecutiva local quiere solicitar su expulsión, una decisión que compete a la dirección federal. El regidor también estudia adoptar medidas contra los otros cuatro ediles que abandonaron la sesión plenaria. Precisamente María Devesa, Susana Bayo, Alfonso Vilachá y Mónica Vázquez emitieron un comunicado manifestando su “rechazo” a la decisión adoptada por el alcalde y su “rotundo apoyo y solidaridad” con el destituido. Además reclaman una reunión urgente del Grupo Municipal Socialista para abordar la “grave situación producida”.

El gobierno de Ourense está formado por 11 ediles agrupados en dos bandos: los afines al exalcalde Francisco Rodríguez (entre los que se encuentra el actual regidor) y los próximos al exsecretario general Pachi Vázquez. La gota que ha colmado el enfrentamiento ha sido una cuestión personal. Un letrado municipal próximo al grupo de pachistas solicitó compatibilizar su empleo con la docencia universitaria. Los afines al alcalde denegaron esa compatibilidad basándose en un informe de la Concejalía de Personal que determina que el letrado cobraría por encima del máximo permitido. El afectado y los pachistas aseguran que se trata de una “represalia política”.

La decisión adoptada contra Penín fue comunicada ayer a la dirección gallega del partido. Precisamente, el secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, trató de mediar el pasado jueves entre ambos bandos solicitando la retirada del asunto con el fin de alcanzar un punto de encuentro que evitase la escenificación pública de una pelea que ha subido de tono desde la detención del exalcalde en la Operación Pokémon. El PP, que también cuenta con 11 concejales, anuncia que defenderá la “gobernabilidad por encima de todo”.