La transparencia del Consell, a prueba

La oposición volvió a poner a prueba ayer la voluntad de transparencia del Consell al exigir explicaciones y documentación pública sobre cuestiones que afectan a la gestión de la Administración valenciana.

Los dirigentes del PSPV-PSOE y Esquerra Unida, Ximo Puig y Marga Sanz, respectivamente, pidieron al presidente de las Cortes, Alberto Fabra, que comparezca en las Cortes para explicar los sobrecostes que cobró Orange Market y la red corrupta del caso Gürtel por sus servicios a distintas consejerías. La demanda se produce tras el envío por parte del tribunal de Madrid donde se instruye el caso Gürtel de nueva documentación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relacionada con las piezas que instruye.

“Dinero había y se lo gastaron, lo malgastaron, han arruinado esta Comunidad y tiene que dar la cara”, dijo Puig, que añadió: “No se puede cerrar Canal 9 por razones económicas y haber despilfarrado todo lo que han despilfarrado”. La coordinadora general de EU reclamó al presidente de la Generalitat que abra “una profunda investigación para que asuman responsabilidades de aquel latrocinio”. “Fabra tiene que empezar a poner orden”, sentenció Marga Sanz.

Desde Compromís, el diputado Fran Ferri denunció que el Consell se niega a facilitarles acceso a las encuestas realizadas este año por la Generalitat. Unas encuestas que realiza la firma GFK-Emer trimestralmente tras adjudicarse un concurso de cerca de 120.000 euros para realizar estudios de opinión pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

El Consell que preside Alberto Fabra ya negó a Compromís las encuestas realizadas en 2012, lo que llevó a Compromís a presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJ, que se fallará, probablemente, el próximo 14 enero.

En su respuesta al diputado de Compromís, el Consell argumenta que las encuestas realizadas tienen un carácter auxiliar y no incluyen ni intención de voto, ni valoraciones de líderes, aunque se niega a facilitar la documentación hasta que no se apruebe en 2014 la normativa autonómica de la “futura ley estatal de Transparencia”.

Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, también criticó al Consell por no saber cuántos contratos con cláusula de confidencialidad hay en la Administración valenciana.

“Continuamos con la opacidad de este Gobierno sobre el uso que se hace del dinero público”, dijo Blanco. Las manifestaciones se producen después de que las distintas consejerías hayan respondido a las preguntas de Esquerra Unida alegando que “por el gran volumen de contratos existente en este periodo (2003-2013) no pueden atender a esta petición”.