Feijóo descarta el cierre de TVG porque tiene unas cuentas “saneadas”
Los trabajadores acusan a Fabra "de intenta trasladar" a los empleados su "negligente gestión"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado la posibilidad de que se proceda al cierre de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), tras la decisión de la Generalitat de Valencia de adoptar esta medida con la Radio Televisión Valenciana (RTVV). Feijóo ha trasladado la "solidaridad" con las familias afectadas por el cierre de la RTVV. No obstante, ha remarcado que "ningún presidente autonómico" adopta una medida así "si no fuera por argumentos que lamentablemente obligan a tomar la decisión".
Entre ellos, ha citado la "enorme deuda y la bajada en la cuota de pantalla" del canal valenciano "que hace muy difícil la viabilidad económica y financiera". Sin embargo, ha remarcado que Galicia está "en un modelo distinto" porque la TVG "está saneada, no tiene deudas y acaba en equilibrio presupuestario cada año". A ello, ha añadido que es "el segundo canal autonómico con más espectadores de España". Pese a ello, ha apuntado que, "si tiene audiencia y no tiene deuda", RTVG continuará, sin duda". "En consecuencia no hay ningún atisbo", ha apuntado al ser preguntado sobre la posibilidad de que la decisión de la Generalitat valenciana se aplique también en Galicia.
Por su parte, los trabajadores de los medios públicos gallegos han mostrado su rechazo al cierre de Canal Nou y lo consideran un "atentado" contra la resolución judicial que anuló el expediente de regulación de empleo (ERE) en la cadena. En un comunicado, el comité interempresas de la CRTVG considera que el Partido Popular de Valencia "intenta trasladar" a los profesionales "la responsabilidad de la negligente gestión" del medio que, añade, "provocó un enorme endeudamiento" con el "único fin de satisfacer intereses privados y partidistas". La representación sindical de la CRTVG observa que de la decisión del Gobierno valenciano se desprenden "indicios de silenciar" la realidad informativa, que debería evidenciar "los abusos de los políticos populares" en esa comunidad.
Además, el comité interempresas considera que, tras la sentencia sobre el expediente de regulación de empleo, cerrar este medio de comunicación es un "atentado" contra una decisión judicial, por lo que ha mostrado su "rotundo rechazo" a este anuncio, que supone cerrar un servicio público "concebido para satisfacer el derecho constitucional a la información y la defensa de la identidad cultural y lingüística" en España.
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