IU se suma a la denuncia de los vertidos en La Murada

“Una aberración, un atentado absoluto contra las personas”. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, se quedó impresionado este jueves al visitar la pedanía de La Murada (Orihuela), donde la Administración local y varios movimientos ciudadanos llevan más de un año reclamando que se investiguen los vertidos ilegales que se han producido en la zona durante varios lustros. Y, sobre todo, que se limpien, después de que un informe toxicológico pedido por un tribunal al Instituto de Medicina Legal de Valencia concluyera que lo analizado en La Murada “constituye un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales”.

“No pensaba ver esto”, señaló Lara, quien además apuntó que había visitado muchos vertederos en su carrera. “Es absolutamente repudiable”, dijo para describir una situación por la que se comprometió a llevar la lucha de los ciudadanos de La Murada a los Parlamentos valenciano, nacional y europeo.

Lara paseó por las inmediaciones del vertedero, que opera entre La Murada y Albanilla (Murcia). Olió y vio el río de lixiviados (líquido contaminante que producen los residuos) que surgió cuando un agricultor clavó una pala en el lugar equivocado de un terreno cercano al vertedero. El diputado caminó por la llamada Ruta de la basura, que ha popularizado la plataforma Vertivega, responsable también de que el verano pasado el Ayuntamiento de Orihuela clausurará la parte alicantina del vertedero.

“Alicante saqueada”

Desde entonces, el Consistorio oriolano ha abierto en menos de un año hasta nueve expedientes a la empresa Proambiente, que todavía gestiona el vertedero desde la zona murciana y cuyo ex dueño, Ángel Fenoll, está imputado por presuntamente financiar las campañas del PP de Orihuela. Además, es la persona por la que se comenzó la investigación del caso Brugal.

Antes de Orihuela, Cayo Lara visitó Alicante a la que describió como “ciudad saqueada”. El líder de IU estuvo acompañado del edil local, Miguel Ángel Pavón, que dio cuenta de los beneficios que el Ayuntamiento revierte en Enrique Ortiz, también imputado en Brugal. El Ayuntamiento, dijo Pavón, se acogió al Plan de Pago de Proveedores en dos ocasiones pidiendo un total de 90 millones, de los que 50 irán a manos de Ortiz.