Una solución para municipios entrampados

Altea, Benidorm, Elche (Alicante) o Gandia (Valencia) son algunos de los grandes municipios de la Comunidad Valenciana entrampados con deudas que han decidido adherirse al plan de pagos a proveedores que ha dispuesto del Gobierno central. Hoy viernes finaliza el plazo para presentar la solicitud.

Elche suma la mayor cuantía demandada: 32,9 millones de euros que destinará a pagar, mayoritariamente, la deuda acumulada por expropiaciones de suelo. Solo las realizadas para ampliar la Universidad Miguel Hernández suman 27 millones invertidos en una zona de 130.000 metros cuadrados. Los restantes 5,9 millones los destinará al pago a proveedores. El Ayuntamiento, gobernado por Mercedes Alonso, del PP, aprobará hoy en un pleno extraordinario acogerse al plan sin subir ni tasas, ni impuestos.

Gandia pedirá 22,5 millones de euros que en el plazo de un mes llegarán directamente a las cuentas de los proveedores. La cuantía se dividirá; 13,5 millones se destinarán a pagar directamente las deudas del Consistorio. Los otros 8,9 enjugarán las de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia. El concejal de Economía y Hacienda, Guillermo Barber, recordó que de la época en la que el PSPV gobernó la capital de La Safor arrastran “la friolera de 63 millones en facturas pendientes de pago” y que el equipo de gobierno, del PP, intentará no subir los impuestos.

Altea también sacó a relucir la deuda heredada de los socialistas. El equipo de gobierno del PP y Cipal han pedido 1.400.000 euros, de los que 1.251.000 euros se destinarán a reducir la deuda con Vaersa por los servicios prestados durante 2008, 2009, 2010 y 2011.

Benidorm también optó en su pleno del miércoles pasado por pedir una cantidad a Madrid que ronda los cuatro millones, dinero que se destinará a liquidar 200 facturas pendientes hasta el 31 de mayo pasado y pondrá el contador a cero. Es la tercera vez que la capital de La Marina Baixa se adhiere al plan de pagos. La última vez pidió 58,3 millones para el débito acumulado hasta el 31 de diciembre de 2011.

Benidorm ha renunciado a subir impuestos esta vez, ya que finalmente ingresará 3 millones de la Generalitat con los que no contaba y casi un millón por concesiones municipales.