La Generalitat debe 92 millones de euros a las residencias de mayores

La asfixia financiara de la Generalitat mantiene con el agua al cuello al sector de atención a la tercera edad, al que adeuda más de 92 millones. La situación es “dramática”, según denunciaron este jueves los sindicatos CC OO y UGT.

Existen distintas fórmulas a través de las cuales la Administración sostiene con fondos públicos la atención a los mayores. Una de ellas son las residencias públicas de gestión privada. Los sindicatos centraron ayer su denuncia en este recurso. La deuda con las empresas que gestionan estos centros asciende a 35 millones de euros que tienen pendientes de cobrar por cantidades acumuladas desde noviembre de 2012. "Peligra el pago de la próxima nómina", advirtieron los responsables de  servicios sociales de CC OO, Arturoi León, y UGT, Miguel Usó.

Pero hay otros centros que también sufren por los impagos de la Generalitat. Otra de la bolsa de deuda corresponde a los centros denominados de accesibilidad social, otras 4.000 plazas bajo el modelo del concierto con centros privados —la red de residencias que surgió a raíz del plan impulsado por el exconsejero Rafael Blasco en 2001 y en la que participó la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino—. En este caso, los números rojos ascienden a unos 36 millones de euros.

A estas deudas hay que sumar las que la Generalitat mantiene con otras modalidades de subvención de plazas. Por un lado, está el antiguo modelo del bono-residencia, en extinción. Por otro, las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales, una opción contemplada en la Ley de Dependencia que permiten a los usuarios elegir el centro al que desean acudir con la ayuda que les destina la Administración (cuando la concede). Entre ambas fórmulas, la deuda asciende a más de ocho millones de euros, según María José Mira, gerente de la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte).

Por último, se encuentra el dinero que la Consejería de Bienestar Social adeuda a los centros integrados en la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores el Sector Solidario (Lares). Se trata de residencias vinculadas a fundaciones, asociaciones, congregaciones religiosas, parroquias o ayuntamientos. En este caso, la deuda asciende a 8,2 millones de euros, correspondientes al 60% del pago del servicio desde el mes de enero, como apunta Sergio Cañellas, vicepresidente de Lares en la Comunidad Valenciana. El 40% restante del pago de las 1.250 plazas de Lares de financiación pública se deberían liquidar en octubre, pero, dada la deuda actual, la federación está convencida que habrá que sumar este porcentaje a los impagos totales en los próximos meses.

Según los sindicatos, la Comunidad Valenciana es la única con una demora de ocho a 12 meses en el pago a las residencias, cuando lo habitual en el resto de España es que el retraso oscile entre uno y tres meses con la excepción de Cataluña, Baleares y Castilla-La Mancha, donde puede llegar a los nueve meses.