La Ertzaintza retrasa un año un informe del ‘caso Zambrana’

Hace un año, el 4 de septiembre de 2012, un juzgado de Vitoria solicitó a la Ertzaintza un informe de su Unidad de Delitos Económicos sobre las transacciones realizadas por las personas imputadas en el caso Zambrana, la macrorrecalificación urbanística investigada por pagos de comisiones ilegales en esta localidad alavesa. Todavía hoy no se ha remitido. El rastro bancario que hayan dejado esas operaciones, aún pendientes de aclarar, va a ser determinante para fijar las supuestas responsabilidades de los imputados en este proceso judicial. El caso surgió a raíz de una denuncia anónima y está directamente relacionado con las empresas señaladas en el caso De Miguel que afecta a varios excargos y afiliados del PNV alavés.

El inusual retraso en la elaboración de este informe sobre los movimientos en cuentas bancarias de los imputados ha provocado un cierto malestar en el ámbito judicial porque dilata sobremanera el curso de las investigaciones. Además, varios exhortos dirigidos al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco desde el juzgado encargado de la investigación del caso Zambrana para interesarse por el cumplimiento de la petición se han encontrado con justificaciones siempre diferentes. En la primera advertencia del retraso, desde la Ertzaintza se justificó alegando la baja de la persona encargada de realizar la investigación. En una segunda ocasión, se adujo como motivo los turnos de vacaciones. En ninguno de los dos casos, la Policía vasca optó por cubrir las ausencias para así responder a la petición del juez.

La Policía vasca justifica el retraso debido al personal de vacaciones o de baja sin cubrir

Este tipo de informes, sin una especial complejidad en su realización, pueden ser completados en un plazo aproximado de tres meses. La Unidad de Delitos Económicos ya demostró su pericia cuando se le reclamó un informe similar dentro de la investigación del caso Ibermática sobre supuestos contratos irregulares en el Gobierno vasco, que quedó archivado.

Ahora, el retraso superior a un año y que podría alargarse ya que Seguridad no se ha comprometido a plazo inmediato alguno para su entrega, obligan a pensar en una evidente falta de interés desde la Ertzaintza por cumplir la petición del juzgado.

Sin la existencia de este preceptivo informe, la investigación del caso Zambrana queda paralizada. No obstante, el juzgado que instruye las diligencias podría solicitar de otros cuerpos policiales la investigación sobre los movimientos bancarios requeridos. Según fuentes próximas a este proceso que se sigue en la Audiencia de Álava, el juez instructor podría dirigirse a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para que lo realizaran. Incluso, la petición tendría una justificación geográfica ya que en las investigaciones aparecen implicados representantes de Riera Urbanizer, empresa catalana creada en 2005 en Vitoria para impulsar la macrorrecalificación urbanística de Zambrana. De hecho, hay pagos declarados por encima del millón de euros de Riera Urbanizer, que contrató a Kataia, empresa del exdiputado Alfredo de Miguel.