El maratón por la discapacidad en Alicante, amenazado por el Ayuntamiento

Su intención era que se oyera la voz y las demandas de los discapacitados. “Visibilizar sus problemas a través de un programa de radio en directo”, explicó Agripa Hervás, uno de los promotores en Alicante de la Maratón radiofónica por la supervivencia del sector de la discapacidad, la enfermedad mental y la dependencia.

Los organizadores presentaron hace días la solicitud de permisos al Ayuntamiento y toda la documentación correspondiente, el jueves los técnicos municipales les reclamaron detalles sobre los horarios y las personas a las que iban a entrevistar durante el programa, que duró 12 horas y arrancó a las diez de la mañana. Sin embargo, cuando ya estaba todo preparado en la plaza del Mercado Central desde la Concejalía de Ocupación de la Vía Pública les advirtieron de que faltaba la inspección de un técnico electricista municipal y que no tenían permiso definitivo por lo que les anunciaron que se exponían a una denuncia por ocupación ilegal de la vía pública, y la correspondiente multa de 6.000 euros.

Los representantes de Discapacidad en marcha decidieron mantener la carpa y proseguir con la emisión del programa, ante a un centenar de personas en el público, pese a la advertencia municipal. Durante todo el día no se personó la Policía Local para desalojarles.

“Quisimos dar voz a un sector atacado por la Generalitat y que están desmantelando con tantos impagos y recortes”, aseguró Hervás. El PSPV y Esquerra Unida también criticaron la actitud “caciquil” de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y el “boicot” a este tipo de actividades.

Durante el programa de radio, que se emitió a través de la red Internet, entrevistaron a decenas de personas dependientes y discapacitadas que contaron las experiencias personales que sufren debido a los recortes y la deuda que la administración valenciana mantiene con ellos.

En el manifiesto que leyeron los organizadores exigieron a la Generalitat una resolución que anule el recorte de un 10% de la subvención en 2013 para los centros, así como una garantía de pago de sus retribuciones. “Si no se cumplen estas dos premisas, el sector está condenado a la asfixia, los centros al cierre y la mayoría de servicios desaparecerán”, vaticinaron los promotores de la iniciativa. El colectivo también demanda la gratuidad de los medicamentos y las ayudas ortoprotésicas para los discapacitados como tenían antes.

El Ayuntamiento aseguró que no tenían autorización, y que los permisos no se presentaron en tiempo y forma.