La fiscalía pide investigar a un exdirector de Cajasur

El 3 de mayo, el antiguo director de una oficina de Cajasur Rafael Bueno presentó una denuncia en la Fiscalía Provincial de Córdoba contra José Ruiz, el ex director general de la caja de ahorros. Ruiz había sido multado por la Audiencia Nacional por descuidar los mecanismos de control interno de la entidad financiera y, basándose en esa sentencia, el exempleado elaboraba una denuncia que la fiscalía ha remitido ahora al Juzgado de Instrucción 3 para que investigue si hubo una posible “infracción penal” en la actuación del exdirector general.

La denuncia de Bueno aseguraba que Ruiz “pudiera haber cometido actuaciones presuntamente delictivas, según sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional”, al conceder un préstamo hipotecario a la promotora Las Villas de Alfarnatejo, por valor de 5,5 millones de euros para la adquisición de suelos. De esa cantidad, “sólo una pequeña parte se destinó a la finalidad contratada”, subraya la denuncia de Bueno.

Ruiz fue multado con 45.000 euros por las deficiencias de gestión

La fiscalía sostiene que “de la denuncia presentada se deduce en principio la posible existencia de hechos constitutivos de infracción penal que en una primera aproximación podrían encuadrarse en los delitos societarios u otros en función de lo que resulte de la inspección del procedimiento”.

Ruiz, que fue nombrado en agosto de 2005 y estuvo en el cargo hasta marzo de 2007, fue multado con 45.000 euros por las deficiencias de gestión durante el tiempo que estuvo al frente de la dirección general de la caja. Entre otros asuntos, se le sanciona por la compra a Rafael Gómez Sandokán de Arenal Sur 21, que lastraría enormemente la capacidad económica de Cajasur. Aquella compra se hizo en contra de los criterios del Banco de España y no contaba con los preceptivos informes que la avalasen.

Rafael Bueno añade que “en los hechos que sustentan la sanción [de la Audiencia Nacional], y que se dan por probados, se encuentran también una decena de operaciones con sociedades participadas entre las que se encuentran Prasur o Sermansur, entre otras”, que “se efectuaron sin la necesaria información y seguimiento, y habiendo omitido de forma flagrante los cometidos del cargo”.

La Audiencia Nacional cita también operaciones con la promotora Affira —con la que se vulneró el tope de riesgo del 65%— y con la empresa Chalet, Piscinas y Complementos, a la que se financió, por tramos, hasta un 70% de una promoción cuando el límite se encontraba en la mitad de la inversión necesaria.