La UPC no consigue modificar los presupuestos para salvar a los interinos

Se han mirado del derecho y del revés los Presupuestos pero no ha habido forma de conseguir recortar 1,48 millones de euros para no castigar al cuerpo de interinos. La Comisión de Economía de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) tenía el encargo de revisar las cuentas del campus —que se reducen en 33 millones, de los cuales 11 millones eran del capítulo de personal— para intentar frenar los despidos, que afectarían a unos 80 administrativos interinos, algunos trabajadores de la UPC desde hace décadas. Los recortes y el anuncio de despidos —que salpicarán a unos 250 profesores asociados que no renovarán en septiembre— soliviantó a toda la comunidad universitaria, poniendo a su rector, Antoni Giró, contra las cuerdas y obligándolo a adelantar las elecciones, que se celebrarán en otoño.

La Comisión de Economía ha celebrado estas dos últimas semanas cuatro maratonianas reuniones (una duró 10 horas) para reducir de forma quirúrgica todas las partidas y llegar a un ahorro de 1,48 millones, la misma cantidad que la UPC esperaba ahorrar con el despido de los interinos. El informe de la Comisión, que debatirá hoy el Consejo de Gobierno, concluye que “los ahorros que se han detectado que se podrían realizar en otras partidas (ahorro energético, profesorado laboral) en ningún caso llega a la cantidad de 1,48 millones”.

El informe también alerta de que pasado ya casi medio año del ejercicio, la UPC se está desviando de su presupuesto. Se calcula que el déficit alcanzaría ya los cuatro millones de euros. Fuentes de la UPC reconocen que podrían acabar el año igual que 2012, con 10 millones de déficit, que se sumarán al acumulado de 111.

Independientemente de lo que decida hoy el Consejo de Gobierno, la última palabra la tendrá el Consejo Social, que se reunirá el martes. En su última cita, el Consejo Social dio el ultimátum de recortar el 25% a todos los interinos (unos 120 según la UPC, 182 según la Generalitat) o ejecutar el despido de 80 de estos trabajadores. Ahora mismo el Consejo Social, máximo órgano de decisión del campus, se encuentra en una encrucijada ya que los despidos no se pueden consumar. El Consejo de Gobierno rechazó la amortización de plazas, un trámite imprescindible para cesar a estos trabajadores. Y con la reducción de sueldo, fuentes del rectorado reconocen que tampoco se llega al objetivo de ahorro deseado.