Archivada la denuncia por prevaricación contra el exalcalde de Vila-real

La Fiscalía de Castellón ha archivado la denuncia que el actual equipo de gobierno presentó contra el exregidor de Vila-real Juan José Rubert, del PP, por autorizar días antes del cambio en el Ayuntamiento el pago de casi 600.000 euros a la empresa Piaf, SL por facturas que el actual regidor, José Benlloch (PSPV), tachó de irregulares. La autorización se hizo mediante la fórmula de endoso bancario, que permitió a la empresa cobrar por adelantado de una entidad financiera.

El fiscal observó indicios de delito en la denuncia y abrió diligencias penales por presunta prevaricación, malversación y falsedad documental. Tras casi seis meses de pesquisas, el ministerio público ha cerrado la investigación porque, aunque observa “omisión de requisitos previstos legalmente”, estos no tuvieron incidencia alguna en el Consistorio porque no se llegó a ejecutar el pago por las arcas públicas. El desembolso fue bloqueado por el actual acalde cuando el banco los reclamó a mediados del pasado año.

Según el escrito del fiscal, a pesar de que se trata de “supuestos de graves infracciones”, no cabría la prevaricación puesto que debería haberse dado una situación injusta y arbitraria. Así, destaca que la denuncia realizada por el actual alcalde “no colma las exigencias del tipo de prevaricación”.

La fiscalía recalca que fue la entidad bancaria la que pagó los cerca de 600.000 euros a Piaf, empresa investigada en el caso Gürtel, al aceptar un endoso firmado por el exalcalde (la mitad del importe, justo un día antes de ceder la alcaldía). “El primer dato revelador es que el Ayuntamiento no ha pagado el importe de la factura, pues es evidente de la documentación aportada que, al no cumplirse los requisitos legalmente previstos, el Consistorio no atendió el pago”, recoge el escrito. Cabe recordar que fue el actual equipo de gobierno el que paralizó este pago una vez que la entidad bancaria lo reclamó.

“La omisión de los requisitos previstos legalmente no supuso incidencia alguna que afectara al Ayuntamiento, sino en la imprudencia del banco de aceptar un endoso y proceder a su pago cuando se le presentó el correspondiente documento sin las firmas necesarias, extremo que no pudo ignorar la entidad bancaria”, sostiene el fiscal.

La fiscalía defiende así que la actuación de Rubert fue “inocua para los intereses del Ayuntamiento, pero no para la entidad, cuya falta de diligencia a la hora de aceptar el endoso le hace responsable de tal forma de proceder”.

En cuanto a las facturas denunciadas al estimarse que respondían a trabajos no realizados, el fiscal cita un informe del ingeniero técnico que dice que las “divergencias” de deben a un cambio en el sistema operativo de Piaf que provocó que los trabajos “se imputaran a centros distintos de donde se habían realizado”, lo cual “excluiría de plano la posible falsedad documental que se denuncia”.

Por último, el escrito del ministerio público se refiere a la posible prórroga irregular del contrato con Piaf y afirma que consta informe favorable de jefe de contratación y que la junta de gobierno rechazó la nota de reparo del interventor sobre la moratoria.